La advertencia fue también para el gobernador mexiquense Eruviel Villegas y a los funcionarios de la Constructora Teya, filial de Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú.
“No nos vamos a dejar, no vamos a permitir que acaben con todo, no permitiremos más robos. Son nuestras tierras, la naturaleza es nuestro sustento, y también el suyo, ¿no se dan cuenta?”, gritaron el martes durante la “marcha contra el despojo”, realizada en la Ciudad de México.
Mientras la comunidad indígena pensaba que iba ganando en el ámbito jurídico, los tres órdenes de gobierno implementaron una estrategia para el despojo de tierras, que consistió en convertir aquel territorio que se gobernaba por usos y costumbres en una demarcación agraria, restándole representación al pueblo otomí de esa región, lo que permitió centrar las desiciones políticas en un grupo de comuneros que fueron sobornados con 40 mil pesos para que no denunciaran las afectaciones que atraería la construcción de una autopista, contó José Luis Fernández, representante del Consejo Indígena de San Francisco Xochicuautla.
“Cuando vieron que no podían con nosotros se hicieron de otros modos, entre ellos la ley agraria, la cual ha servido para hacer legal los despojos a los campesinos; pero tampoco lo lograron, y como vieron que llevamos ocho años en la lucha, ahora complementaron sus actos ilegales con un decreto presidencial que hizo Enrique Peña nieto el día 9 de julio. Pero es ilegal en todos sentidos. Él dice que nos consultaron el 22 de junio, pero no fue así, y lo peor es que eso debió ser en 2007″, contó Fernández.
A pesar del decreto, muchas familias se niegan a ser desterradas.
“Ahorita ya demolieron cinco casas, esas familias ya huyeron porque las amenazaron, aunque les pagaron. No sabría decirte cuánto les dieron. Las familias que restan ya dijeron que no se van a mover, y que le hagan como quieran, llevamos luchado de forma pacífica ocho años. Esa carretera no va a pasar por Xochicuautla”, dijo el representante indígena.
En la manifestación de ayer, que tuvo como punto final la Secretaría de Gobernación (Segob), los inconformes reiteraron: “No va a pasar, la autopista no se va a construir, háganle como quieran. No es no”, gritaron una y otra vez.
De acuerdo con información publicada por la Secretaría de Comunicaciones mexiquense, la autopista Naucalpan-Toluca conectará la autopista La Venta-Chamapa-Lechería y canalizará el tránsito vehicular procedente del poniente de la entidad, el Valle de Toluca y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca al área norponiente de la Zona Metropolitana del Valle de México. La construcción de la vialidad, cuya longitud será de 39 kilómetros, implicará un gasto de 7 mil 200 millones de pesos, según la misma dependencia.
La concesión para la construcción, operación y mantenimiento de la autopista fue otorgada a Constructora Teya, filial de Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien ha sido ampliamente favorecido con contratos de obra pública en el Estado de México.
La obra abarcará los municipios de Toluca, Lerma, Huixquilucan y Naucalpan y atravesaría las áreas naturales protegidas estatales Parque Ecológico, Turístico y Recreativo “Parque Otomí-Mixteca” y Santuario del Agua y Forestal Sub Cuenca Tributaria del Río San Lorenzo, además de comunidades otomíes de la zona de la montaña, entre ellas San Francisco Xochicuautla, San Lorenzo Huitzizilapan, Santa María Tlalmilolpan, Jajalpa, Santa María Atarasquillo, San Nicolás Peralta y Santa Cruz Ayotuxco.
Desde 2007, en Xochicuautla comenzaron a realizarse asambleas comunitarias con la participación de las autoridades de Bienes Comunales y los Consejos de Participación Ciudadana. Pero luego vino la estrategia de conformar una asamblea de comuneros, que los opositores al proyecto no reconocen.
El 14 de agosto de 2011, los comuneros realizaron una reunión para legalizar la aceptación del proyecto. Dicha asamblea presentó varias irregularidades, como que a ésta sólo acudieron 109 de los 288 comuneros reconocidos por el gobierno, de acuerdo con Fernández Flores. Pero lo principal es que se trató de una asamblea de autoridades no reconocidas por el grueso de la comunidad.
Por esa razón, la comunidad presentó un amparo el 25 de agosto de 2011 ante el Tribunal Unitario Agrario con sede en Toluca para dejar sin efecto el acuerdo de la asamblea de comuneros.
El amparo fue resuelto a favor de la comunidad, lo que significa que la asamblea en la que supuestamente habían avalado la obra quedó anulado. No obstante, señaló Fernández Flores, eso no ha detenido los trabajos por parte de la empresa constructora.
Debido a que la comunidad cuenta con ese amparo, califican los trabajo que actualmente lleva a cabo la empresa como ilegales, porque al haberse anulado la resolución de la asamblea de comuneros, no habría un aval de la comunidad para la obra.
En el decreto expropiatorio emitido el pasado 9 de julio nuevamente se intentó justificar que el proyecto era respaldado por la comunidad al señalar que los días 5,8,9, 10 y 12 de junio se habían realizado asambleas con representantes de la comunidad de San Francisco Xochicuautla “con objeto de realizar las consultas que conforme a derecho se requerían por tratarse de una comunidad indígena”.
En el decreto se lee: “Como resultado de ello, la comunidad consultada se pronunció por aprobar la construcción y operación de la Autopista”. Pero Fernández Flores negó que el grueso de la comunidad hubiera participado en esas asambleas.
Además cuestionó que se intente hacer creer que esas asambleas son válidas como procesos de consulta, toda vez que se realizaron en junio de este año, cuando los trabajos de la obra empezaron desde 2007. Es decir, que no se habría respetado el carácter previo de la consulta.
“Entonces la consulta tendría que haber sido en 2007, no apenas, después de tanta represiones y 'hostigamientos y violaciones a nuestros derechos humanos”, consideró.
La nota completa en Sin Embargo
