En su informe, todavía preliminar, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que ha encontrado “fallas en las averiguaciones, falta de atención y asistencia a las víctimas, y omisiones en la práctica de diligencias ministeriales federales y locales”.
El titular de la CNDH, Luis González, presentó a los medios este informe, que todavía no cierra la investigación del caso por este organismo público y autónomo.
No obstante, la CNDH ya presenta 32 observaciones y propuestas a las autoridades, entre ellas la realización de nuevos interrogatorios a policías y a militares destacados en la zona durante la jornada de los hechos, así como rastrear el uso posterior al crimen de dos teléfonos celulares de estudiantes.
Es necesario “que se realicen todas y cada una de las diligencias para tener una investigación de la magnitud de los hechos (…) Que no queden cabos sueltos”, pidió González.
“No es momento de callar ni de olvidar”, recalcó.
La CNDH presentó su reporte al cumplirse 300 días de este crimen que escandalizó a México y la comunidad internacional. La noche del 26 de septiembre, decenas de estudiantes de una escuela rural de magisterio de la comunidad de Ayotzinapa (Guerrero) fueron atacados a tiros en la cercana ciudad de Iguala por policías coludidos con narcotraficantes.
Según la investigación de la fiscalía general, los agentes entregaron después a 43 de los estudiantes a miembros del cártel local Guerreros Unidos quienes los llevaron a un basurero cercano y los asesinaron, incineraron y arrojaron sus restos a un río, supuestamente por pensar que entre los estudiantes había miembros de un grupo rival.
A pesar de que sólo se han identificado los restos de uno de los jóvenes, la fiscalía concluyó que todos fueron masacrados con base en otras evidencias físicas y los testimonios del centenar de detenidos, entre ellos el alcalde de Iguala.
Los padres de los estudiantes rechazan esta versión y organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional creen que las conclusiones de la fiscalía fueron precipitadas.
El Ombudsman subrayó que este crimen debe acabar con la “alianza” entre el crimen organizado y autoridades de México.
“Es preciso que (…) todos podamos contribuir para romper la alianza entre el crimen y el poder, entre la delincuencia y la autoridad. Sin esa ruptura nunca se alcanzarán ni la paz ni la justicia en México”, afirmó González.
AFP
