La familia del matrimonio asesinado, barzonistas e integrantes de organizaciones no gubernamentales reprobaron esa acción, pese a la permanente presencia de las policías municipal y estatal, que forma parte de las medidas cautelares otorgadas a seis integrantes de la familia Solorio por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Estos hechos aumentan el riesgo de la familia, comunidad e integrantes de El Barzón. Ante esto exigimos la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad para que garanticen su integridad física y urgimos al Estado a que realice una investigación pronta, exhaustiva y eficaz para esclarecer los hechos y determinar a los responsables de la destrucción del memorial”, indicaron.
Gabino Gómez Escárcega, líder de El Barzón en Chihuahua, dijo que el crimen de los Solorio no se ha aclarado porque la autoridad no quiere, ya que a los responsables, plenamente identificados, andan tranquilos por las calles, pero sólo autoridades no los localizan.
“Es evidente que hay colusión y no quieren encontrarlos”, reiteró.
Martín Solís Bustamante, otro de los líderes de la organización, explicó que analizan tres opciones para exigir respuestas al gobierno estatal: que la familia se establezca en la plaza de manera permanente hasta encontrar respuesta; solicitar a los gobiernos federal y estatal la presencia permanente de agentes policiacos en la comunidad, y armarse para defender su vida.
Alrededor de las 14:00 horas, el secretario general de Gobierno, Raymundo Romero Maldonado, recibió a una comisión y se comprometió a brindar seguridad en el ejido Benito Juárez para rescatar al municipio “donde anida la delincuencia”.
Y es que, según los denunciantes, los delincuentes asentados en la comunidad tienen asolada a la gente, y esta mañana, cuando buscaban a los responsables de haber derribado el memorial, ninguno de ellos se encontraba en el pueblo.
Detallaron que aquellos tienen bares abiertos de manera ilegal y venden droga al amparo de las autoridades, pero hoy estaban ilocalizables.
Los grupos delictivos, añadieron, no se han ido de la región, pues constantemente se ve a hombres en vehículos que de manera constante revisan placas y vigilan quién entra y quién sale del pueblo.
“La zona ahora está más difícil. Ellos ahí tienen sus ranchos, vehículos que la autoridad no ve. Es un corredor para que los delincuentes se refugien en las comunidades”, apuntaron.
Y subrayaron que gente detenida el sexenio pasado por asuntos de alto impacto, fue liberada en esta administración y se encuentra en la zona.
Por ello, la comunidad decidió “agotar todos los medios legales que tenemos, y hacemos un llamado al gobierno para que vea lo que está pasando en el sur y actúe”, señaló Martín Solís.
Con información de Proceso
