Aunque ninguna de las audiencias de la CIDH sobre México estaba exclusivamente dedicada a Iguala, el caso salió a relucir con motivo de la presentación ante la Comisión del Programa Nacional de Derechos Humanos de México.
“Sin duda hay una crisis en materia de derechos humanos en México“, aseguró Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, en declaraciones a la prensa tras la audiencia. “Son hechos extraordinariamente graves y la principal preocupación es que los estudiantes aparezcan con vida“, añadió.
“Las desapariciones forzadas en México es un fenómeno que ha llegado a miles de personas. Lamentablemente, no es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno doloroso, profundo, que ha roto el tejido social en México”, añadió el secretario ejecutivo de la CIDH.
Antes del inicio de las audiencias, decenas de personas se manifestaron a las puertas de la CIDH para protestar por la desaparición de los jóvenes y pedir al gobierno de Enrique Peña Nieto que haga todo lo posible para encontrar a los desaparecidos.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “Ayotzinapa, vive y vive. La lucha sigue y sigue“, son algunas de las proclamas que coreaban los manifestantes mexicanos, que mostraban fotografías de los desaparecidos.
Dentro de la sala, los representantes de las organizaciones de derechos humanos leyeron uno a uno los nombres de los 43 desaparecidos antes de guardar un minuto de silencio en memoria de los otros estudiantes ejecutados.
“Hoy nuestro país está viviendo un momento que, sin duda, pone a prueba nuestros avances normativos y la fortaleza institucional en materia de derechos humanos y obliga a las autoridades a tomar medidas para erradicar definitivamente hechos de esta naturaleza”, reconoció la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón García, durante la audiencia.
Limón reiteró el compromiso del 'gobierno' de Peña Nieto en realizar una investigación “objetiva e imparcial” de los hechos para sancionar a los responsables y garantizar la atención a las víctimas.
Mientras la delegación mexicana puso sobre la mesa el Programa Nacional de Derechos Humanos para mostrar los avances que está haciendo su gobierno en esta materia, las organizaciones pro derechos humanos acusaron al gobierno de hacer “un diagnóstico de escritorio, no basado en la realidad” antes las graves violaciones de derechos humanos que se están produciendo en México.
“No ha habido un cambio contundente en poder prevenir las violaciones de derechos humanos, en poder combatir la impunidad. Son cambios cosméticos” que no han evitado que se produzcan casos como los de Tlatlaya e Iguala, se lamentó Jaqueline Sáenz, coordinadora de la ONG mexicana Fundar.
Esta defensora de los derechos humanos consideró que el caso de Iguala es “un punto de no retorno” en México. “Nos impacta a todos 43 desaparecidos, pero es una crisis de más de 22 mil desaparecidos, con una cifra negra que no se ve”, dijo Sáenz.
Dado la gravedad de los hechos, los solicitantes pidieron a la CIDH que realice una visita in loco a México. Para ello, la Comisión tendría que recibir una invitación oficial del gobierno.
Está previsto que en la noche del jueves haya una reunión de seguimiento para abordar el tema de Iguala, tras la cual la Comisión decidirá los pasos a seguir. La CIDH deberá determinar si ofrece asistencia técnica a México para desarrollar capacidades para la búsqueda de desaparecidos, tal y como han solicitado tanto las organizaciones pro derechos humanos como el gobierno mexicano.
Debido a la urgencia y gravedad de esta situación, la Comisión otorgó medidas cautelares el pasado 3 de octubre en el caso de Iguala.
Con información de emeequis
