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Quitarle la concesión a Grupo México por el derrame de ácidos y minerales en el río Sonora es contraproducente e ilegal, en momentos en que buscan atraer a compañías petroleras y eléctricas, advierte Grupo Financiero Banamex, del que forma parte Germán Larrea, dueño del grupo México.
“Algunos políticos han exigido que se revoque la concesión a Grupo México, pero esta medida parece no solo ser ilegal, sino muy contraproducente si se quiere atraer a inversionistas al segmento de concesiones de energía”, señala el análisis Nuevos datos sobre el derrame de ácido sulfúrico en Buenavista; Postal desde México, Parte I elaborado por Accival Casa de Bolsa.
Los analistas de la casa de bolsa recuerdan que con la reforma energética, México implementó una nueva ley ambiental a principios de 2014, la cual estuvo mejor diseñada para el sector energético que para el minero.
Se integró un grupo intersecretarial por mandato del presidente Enrique Peña Nieto para definir las sanciones correspondientes por el derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos al río Sonora, informó ayer miércoles Idelfonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía (SE).
“El grupo ha determinado ir adelante con la definición de las sanciones correspondientes, no sólo el tema de las multas; que eso no es lo relevante, sino la compensación económica a los afectados y de la remediación de los efectos”, dijo el funcionario en una entrevista al finalizar el anuncio de Inversión de la Planta de Ensamble de Vehículos Kia Motors.
El encargado de vigilar el buen funcionamiento de las concesiones mineras en México manifestó que el derrame es una violación a la regulación ambiental, a la ley ambiental, además provocó un perjuicio al valor de la actividad económica de los particulares y a la fuente de agua de seis poblados en el estado de Sonora.
“El gobierno de la República no ha descartado ninguno de los instrumentos que la ley le da para actuar en este caso, pero se concentra en llegar a acuerdos que reditúen en remediación inmediata y en compensación a los ciudadanos afectados”, respondió cuando le cuestionaron un par de veces si le retirarán la concesión a la empresa de Germán Larrea.
“El siguiente paso es establecer las condicionantes para el cumplimiento de estos compromisos; el grupo de trabajo puede determinar los procesos a seguir y marcar claramente las condiciones de cumplimiento por parte de la empresa”, sostuvo Guajardo Villarreal.
Fuentes de empleo
El titular de la SE dijo que Grupo México actualmente contrata a dos mil trabajadores en el área, una vez que cumpla con toda la regulación generará 10 mil fuentes de empleo.
“Lo que tenemos que garantizar es que lo hagan en absoluto respeto a las regulaciones existentes”, subrayó.
Ya el pasado martes, Juan José Guerra, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dijo en conferencia prensa que se trabaja en el estudio para determinar la multa que deberá pagar la minera Buenavista del Cobre.
De acuerdo con el informe Derrame de Sulfato de Cobre en el Río Bacanuchi, afluente del Río Sonora, las autoridades iniciaron un juicio de responsabilidad ambiental contra la minera, que podría derivar en una multa aproximada de 40 millones de pesos, así como la obligación de reparar los daños y compensar a los afectados.
El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentará en los próximos días una Iniciativa para expedir una nueva Ley Minera Ley Minera cuya implementación contribuya a erradicar este tipo de tragedias.
Se pedirá una investigación pronta y exhaustiva que deslinde responsabilidades y establezca sanciones no solo a la empresa minera, sino a los funcionarios adscritos la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat y de la Conagua que otorgaron concesiones para la explotación de agua subterránea, dijo el PRD.
La empresa Buenavista del Cobre debe hacerse cargo del saneamiento de los ríos contaminados, de los gastos de hospitalización, rehabilitación y atención a la salud de las personas afectadas y que indemnice a los productores rurales de la región, sostuvo el grupo parlamentario.
Solicitó también iniciar en todo el país una revisión de las autorizaciones de impacto ambiental relacionadas con la minería a cielo abierto o que en sus procesos utilicen la técnica de lixiviación para la decantación y beneficio de minerales, así como las condiciones de operación y funcionamiento de las instalaciones de las explotaciones mineras.
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