Asociaciones civiles presentaron un amparo colectivo para que se suspenda la publicidad del segundo informe de gobierno del usurpador Enrique Peña Nieto debido a que, aseguran, viola el derecho a la información.
Justine Dupuy, investigadora de Fundar, informó que presentaron el amparo ante un juez de distrito junto con 11 ciudadanos entre los que se encuentran el periodista Virgilio Caballero, Aleida Calleja, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Omar Rábago, director ejecutivo de Cencos, entre otros.
Explicó que en los anuncios y spots en medios de comunicación del segundo informe aparece la imagen y voz del narcoespurio, lo que es una forma de propaganda personalizada.
"Esta práctica es inconstitucional porque en la reforma político electoral se estipuló que en el artículo 134 se prohibiera que la propaganda gubernamental haga uso de nombres, imágenes, voces y símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público", dijo.
Desde que apareció esta prohibición de uso de nombre y voces, cada vez los gobernantes están usando más el informe de gobierno para promocionar su imagen.
La investigadora explicó que el abuso de promoción personalizada en la propaganda de gobierno se da porque existe una excepción estipulada en la Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) que contraviene al artículo 134 constitucional.
En julio Fundar presentó un primer amparo para impedir la entrada en vigor del artículo 242 párrafo 5 de la Legipe que dice que los anuncios y spots no se consideren propaganda cuando la difusión se limite a una vez al año y se presenten 7 días antes de la entrega del informe y 5 días después.
Aunque el amparo de julio fue procedente aún no se resuelve, por lo que Fundar y los ciudadanos que firmaron pretenden ampararse contra la difusión de los spots de Peña, que comenzaron a salir en medios desde el lunes.
Dupuy dijo que la publicidad oficial debe ser utilizada para dar información útil a los ciudadanos, pero que con este recurso se utiliza para promocionar la imagen de los gobernadores.
Explicó que se utiliza una gran cantidad de recursos en publicidad gubernamental que no está regulada. "No sabemos a qué tipo de medio se les da, bajo qué criterios o cuánto".
"En 2014, el gobierno del usurpador gastará 4 mil 964 millones de pesos en las partidas de publicidad oficial, lo que representa cinco veces el gasto para Programa de Abasto Social de Leche con el que se distribuye leche todos los días a 6.5 millones de niños", dijo.
La investigadora explicó que los legisladores y gobernantes han prometido regular la publicidad oficial, pero no han cumplido.
"En 2012 Enrique Peña prometió en su primera editorial como presidente electo crear una instancia que regulara la publicidad oficial, además se incluyó en el acuerdo 92 del Pacto por México y los legisladores prometieron discutir esta medida antes de abril, pero ninguna de estas promesas se cumplió", dijo.
Con información de Milenio
