Así lo dio a conocer el padre Apolonio Merino Hernández, quien fue notificado que a partir del pasado 7 de agosto quedó suspendido de sus funciones sacerdotales al tiempo que fue amenazado que si hacía algún escándalo público ventilarían que violó el celibato al formar su propia familia, y de prefabricarle un delito por el supuesto abuso sexual a una mujer.
Antes de que le notificaron su “destierro” de la Arquidiócesis le ofrecieron darle una mesada de ocho mil pesos para que tenga un apoyo y tenga una “vida digna”; sin embargo, el sacerdote decidió no callar este nuevo atropello de la Iglesia Católica porque por encima de su seguridad está la justicia para los niños indígenas que fueron abusado sexualmente.
Y es que a casi dos años de la detención del sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, acusado de pederasta en San Pablo Huitzo, Santiago Camotlán y en Villa Alta, no se le ha dictado sentencia.
El ex párroco de Santa María Ozolotepec fue aprehendido el 29 de noviembre de 2013 en Tlaxiaco, en cumplimiento a una orden de aprehensión librada por el Juzgado VII de lo Penal, según consta en el expediente penal 140/2013 por el delito de corrupción de personas menores de 18 años.
Posteriormente, el Juzgado Séptimo de lo Penal dictó el auto de formal prisión a Silvestre Hernández, también ex párroco en San Pablo Huitzo, Santiago Camotlán y Villa Alta; sin embargo, es la fecha que el Poder Judicial no le ha dictado sentencia.
Ni tampoco el Arzobispo ha dado una disculpa pública ni existe la reparación del daño cometido a unos 45 personas que en el 2009 tenían entre 11 y 13 años.
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