En 2015 los partidos recibieron para gastos de campaña mil 172 millones de pesos de los cuales se calcula que conservan un remanente de entre 286 y 400 millones de pesos.
La Comisión de Fiscalización del INE propuso al Consejo General que los partidos políticos devolvieran las cantidades remanentes a la Tesorería de la Federación al ser recursos etiquetados para la promoción y obtención del voto, pero la mayoría de los consejeros ciudadanos rechazaron la propuesta.
El artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos establece como obligación de los partidos, la de “aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados”.
Los consejeros que votaron en contra de esta decisión consideran que al no haber establecido el INE “las reglas que se tienen que seguir, primero para verificar los saldos de los gastos de campaña y, en segundo lugar, para definir como se tienen que reintegrar a la Tesorería”, no es posible tomar una decisión sobre el tema.
Los promotores del amparo argumentan que el artículo 41 de la Constitución define el destino que puede recibir el financiamiento que reciben los partidos, mientras que el artículo 134 establece que presupuesto debe aplicarse para “satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
En este orden de ideas el INE no estaría facultado para definir el destino de estos recursos y los partidos estarían obligados a reintegrarlos toda vez que no pueden destinarlos a un fin distinto a los gastos de campaña.
Los quejosos consideran que la decisión del organismo electoral viola la Constitución Federal, la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, además de los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica y desarrollo tanto de Transparencia Mexicana, A.C, como de los ciudadanos que presentaron el amparo.
Los juzgados de distrito deberán definir el día de hoy si admiten la demanda a través de la figura del interés legítimo, pero de encontrar una respuesta negativa, los interesados acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Fuente: Animal Político
