La pareja ha obtenido dos amparos federales de los tribunales, pero la juez los mantiene en la cárcel, junto a presos comunes. Su delito fue denunciar que el colegio Westhill maltrató a su hijo al cambiarlo de grado sin la nivelación adecuada y falsificando documentos para demostrar falsamente que sí los evaluaron.
Sumado a estas irregularidades, el matrimonio Urbina Rojas padece la indiferencia del embajador venezolano en Ciudad de México, Hugo García, a quien se le han enviado al menos 10 comunicaciones y 70 llamadas durante los ocho meses de la detención de la pareja venezolana, declaró el abogado German Cruz, quien fue entrevistado este miércoles 12 de agosto por el periodista y exembajador Vladimir Villegas en la emisora Unión Radio.
Indicó Cruz, abogado, que a los venezolanos se le están violando todos sus Derechos Humanos, y peor aún, “se están violando los Derechos Humanos Infantiles de los tres hijos de la pareja, quienes quedaron solos, abandonados en su casa, luego que la policía detuvo a sus padres en un centro comercial pocos días antes de la navidad de 2014”.
Actualmente, los niños (de 11, 5 y 2 años) son cuidados por su abuela paterna, pero están a punto de quedar en la calle, ya que pronto se vencerá el contrato de arrendamiento de la vivienda donde habitan en México. Otras embajadas han mostrado solidaridad y un grupo de empresarios están buscando la forma de cooperar y encontrarles un hogar a los familiares de José Antonio y Coral, indicó Cruz.
Este es el comunicado de la pareja a la opinión pública:
• Antonio Urbina y Coral Rojas tienen ocho meses presos a pesar de haber logrado dos amparos a su favor tras ser contrademandados penalmente por el Colegio Westhill.
• Los del colegio se han valido de tráfico de influencias y abuso de poder en contra de esta familia y están intimidando a cualquier padre que decida reclamar al Instituto Westhill cualquier derecho, lo cual debería estar consagrado para todas las personas que habitan en este país.
• Una petición en línea está sumando firmas para solicitar que la revisión del amparo, que está en el 7º Tribunal Colegiado en materia penal del 1er circuito, se haga lo más rápido posible para que Coral y Antonio puedan volver con sus hijos, ya afectados psicológicamente por la falta de sus padres.
Un matrimonio venezolano, legalmente establecido en México hace seis años, lleva preso ocho meses como represalia tras una demanda penal que introdujeron contra el colegio Westhill Institute de Santa Fe. La demanda civil la interpuso esta pareja venezolana contra la institución educativa, luego de haber promovido a tercer grado de primaria a mitad de año, de forma indebida e inconsulta, a su hijo -hoy de 12 años.
Esto se llevó a cabo en el período escolar 2011-2012 sin notificar a la Secretaria de Educación Pública, SEP. La dependencia educativa no aprobó la nivelación académica después de haberlo cambiado de grado, no entregó boletas oficiales de calificaciones a los padres del niño para 2°, 3° ni 4° grado, e incluso llegó a falsificar exámenes para hacerlos pasar como elaborados por el niño con el fin de obtener una boleta de 4° Grado que no aparece en los sistemas de control escolar de la SEP, por medio de una dudosa acreditación.
Antonio José Urbina Romero –venezolano, alto ejecutivo de una importante empresa y con una amplia trayectoria como analista de la prensa tecnológica en Venezuela- y su esposa Coral Rojas han ganado dos amparos federales contra la demanda penal por presunto fraude procesal al Westhill Institue. Esta institución es propiedad del constructor José María Rioboó quien está casado con la Magistrada Yasmín Esquivel Mossa, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF. Como el colegio pidió revisión a ambos amparos, la pareja aún está tras las rejas como si fueran delincuentes comunes, él en el reclusorio Oriente y ella en el de Santa Marta. Los niños de la familia se encuentran bajo el cuidado de familiares en la capital mexicana.
El colegio ofreció a los padres una Promoción Anticipada para Alumnos con Aptitudes Sobresalientes a su hijo mayor por ser muy inteligente. Este proceso que pública la SEP como mecanismo para avanzar a niños que se encuentran ya inmersos en el Sistema Educativo Mexicano, toma un año y comprende una variedad de estudios. Después de año y medio en espera de soluciones, los padres se presentan a la SEP donde les informan que el colegio nunca solicitó tal promoción para su hijo y que en el sistema de control escolar el menor estuvo cursando tercer grado y no cuarto donde el colegio lo tenía físicamente año y medio después de la supuesta promoción.
El matrimonio dejó de pagar las matrículas de la onerosa escuela, a manera de presión, mientras se buscaba una solución. Con el único fin de cobrar las colegiaturas, el colegio, en dos semanas y presentando cuatro exámenes, dos de los cuales no corresponden a la caligrafía del menor, realizó sin autorización de los padres, una Acreditación ante la SEP como si el niño estuviese llegando de otro país con lo que obtuvieron una boleta de cuarto grado que no aparece ni en los sistemas de la SEP.
Los padres decidieron cambiar al niño de colegio y lo llevaron a presentar exámenes de admisión en dos instituciones privadas para cursar quinto grado confiando en que eventualmente el colegio resolvería el problema de su hijo pero el niño no pasa ninguno de los exámenes por falta de conocimientos. Terminaron inscribiendo al niño en otro colegio para cuarto grado ya que era el grado siguiente que tendría que cursar acorde a los sistemas de la SEP. Esto afectó al niño ya que a sus ojos, era repetir el grado lo que le produjo frustraciones y gastos no previstos a los padres.
Ante la burla de la que fueron víctimas por parte del colegio, los padres deciden contratar a un abogado y demandan en primera instancia en la vía civil al colegio y a la SEP por la ilegal emisión de la boleta de cuarto con la que le querían cobrar las colegiaturas suspendidas. Luego de que en las vías jurídicas les aconsejaran la realización de dos demandas, una por la vía civil al colegio y otra por la vía administrativa a la SEP, establecen una segunda demanda exclusivamente en contra del colegio por la negligencia con la que llevaron el tema educativo de su hijo.
El colegio, en lugar de presentar sus alegatos en el juicio civil, transformó el asunto en un caso penal, encarcelando a los padres para obligarlos a quitar la demanda a sabiendas que obraron mal en contra de este niño y su familia. Los del colegio se han valido del tráfico de influencias y el abuso de poder en contra de esta familia y están intimidando a cualquier padre que decida reclamar al Instituto Westhill cualquier derecho, lo cual debería estar consagrado para todas las personas que habitan en este país.
Por otra parte, los tres hijos de la pareja -de 12, 5 y 2 años- están al cuidado de la abuela paterna quien tuvo que viajar a México de emergencia desde Caracas, Venezuela –donde reside- en diciembre para evitar que, con los dos padres presos, los niños terminaran en un asilo de menores.
Lo único que pide el matrimonio (que fue detenido el 13 de diciembre en el CC Interlomas mientras hacía compras navideñas) es que la revisión del amparo, que está en el Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito, se haga lo más rápido posible para que puedan volver con sus hijos, ya afectados psicológicamente por la falta de sus padres.
Fuente: Panorama
