El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) invirtió 120 millones de pesos en la Sociedad Financiera Popular Ficrea porque consideró —con base en un análisis puntual de riesgo— que contaba con la suficiente solvencia económica para manejar y administrar los recursos depositados, afirmó Edgar Elías Azar, presidente del organismo.
Tras conocerse el presunto fraude cometido por Ficrea y la afectación económica al tribunal, adelantó que pelearán en los juzgados, “como cualquier otra persona”, para que les devuelvan el dinero perdido.
“Si se descubre que efectivamente se trató de un fraude, el Tribunal Superior de Justicia fue víctima del mismo, como cualquier otra persona, y hará valer las acciones procedentes para que se repare el daño y se castigue a los responsables. Confiamos en la celeridad y capacidad de todas las autoridades competentes que sean involucradas en este proceso y colaboraremos con ellas en todo lo que sea necesario”, afirmó.
Mencionó que el dinero depositado no es del presupuesto asignado anualmente por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sino de los remanentes y ahorros que han tenido, por lo que garantizó la operación del TSJDF administrativa y operativamente para el próximo año.
“No es admisible siquiera insinuar que se pusieron en peligro recursos destinados a la operación sustantiva del tribunal para prestar servicios a los justiciables. En este sentido, hay que ser categóricos: las funciones y obligaciones del Tribunal no estarán mermadas”, afirmó.
La ley orgánica el poder judicial en el DF autoriza la utilización de recursos en fondos de inversión de riesgo, siempre y cuando ésta cuente con la aprobación del pleno, que lo integran los magistrados.
Hasta el momento las autoridades financieras del país investigan la operación de los recursos depositados en Ficrea, en el que se establece un presunto fraude por más de 2 mil millones de pesos, que generaron un daño patrimonial a miles de personas.
Al respecto, Elías Azar mencionó que la ley que regula el fondo establece que los recursos deberán ser invertidos por la institución fiduciaria en valores de renta fija del más alto rendimiento, siempre que éstos permitan la disponibilidad inmediata y suficiente de las sumas que resulte necesario reintegrar a los depositantes o entregar a los particulares que tengan derechos a ellas.
Deslindó de toda responsabilidad a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del manejo que realizó Ficrea sobre el dinero depositado, al tiempo que destacó que este organismo fue el que, con base en sus atribuciones de supervisión y vigilancia, intervino legalmente en la sociedad para impedir que siguiera haciendo daños.
“El tribunal está en la misma situación que todos los ahorradores afectados y recibirá, asimismo, un trato igual que cualquier persona o institución pública que se encuentre en esta situación”, destacó.
Con información de El Universal
