Las tierras de Ruiz a la orilla del Río Grande de Nicaragua es parte de un plan para construir, a un costo de 50 mil millones de dólares, una vía interoceánica, cuyas labores deben comenzar el lunes.
Las autoridades nicaragüenses comenzarán a construir carreteras de acceso en terrenos del gobierno como primer paso para crear un canal que se espera compita con el de Panamá, un proyecto que sus partidarios dicen dará empleo a 50 mil personas e impulsará significativamente la economía del país.
Sin embargo, los agricultores como Ruiz insisten en que lucharán "hasta el último suspiro" para proteger sus tierras, pero sin tomar si los propietarios se alzan en armas o no, el gobierno de Nicaragua insiste en que está decidido a seguir adelante.
El proyecto contempla crear una enorme vía acuática sobre lo que es ahora el poblado de Río Grande, una comunidad evangélica de 2 mil personas con una carretera de tierra en medio de campos de maíz, frijoles, plátanos y sorgo. Todo en un radio de 10 kilómetros (6 millas) quedaría sujeto a expropiación.
Sin embargo, el proyecto, que los opositores califican de un sueño irrealizable del presidente Daniel Ortega, está provocando una furia cada vez mayor.
Muchos se quejan de que Ortega ha dado demasiado a HKND, la compañía de Hong Kong que construirá y operará el canal. Los dueños de tierra temen que los desplazarán sin una compensación justa. Los ambientalistas acusan al gobierno de saltarse revisiones obligatorias y de ignorar la amenaza que el tráfico de carga significará para el lago Nicaragua, la principal fuente de agua potable del país.
Hace unas semanas, los vecinos de Obrajuelo, un tranquilo poblado de pescadores en las orillas del Lago Nicaragua, apedrearon un vehículo en que iba un grupo de técnicos chinos enviados a hacer un estudio del terreno. El día siguiente quemaron neumáticos en la carreta Panamericana, bloqueándola varias horas.
El 10 de diciembre, unas 5 mil personas marcharon por la capital, Managua. Aunque los manifestantes se quejaron de que la policía bloqueó a los opositores al canal que trataban de llegar desde el interior, observadores dijeron que fue la mayor manifestación contra el gobierno en varios años.
Esa oposición política es algo muy poco común en un país donde el Partido Sandinista de Ortega domina todo el gobierno y el presidente y su esposa, la poderosa jefa de comunicaciones, mantienen fuertemente controlada cualquier muestra de disensión.
"Lo que muestra es que una parte significativa del pueblo nicaragüense no acepta el proyecto del canal", dijo el economista Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller nicaragüense y antiguo embajador en Estados Unidos. "Una manifestación de ese tamaño, a pesar de los impedimentos que se le pusieron, muestra que en este caso el gobierno está jugando con fuego".
El canal, que se proyecta tenga unos 278 kilómetros (173 millas) y vaya desde el Caribe hasta el Pacífico, sería la realización de un sueño que se ha estudiado y descartado varias veces desde principios de los años 1800. Los que respaldan el plan dicen que sacaría a muchos de la pobreza en el segundo país más pobre de las Américas.
El año pasado, aliados de Ortega en el Congreso aceleraron en la Asamblea Nacional la ley que otorgó a HKND una concesión a 50 años, renovable por otros 50, para construir y operar el canal, a cambio de un pago de 10 millones dólares al año una vez que esté en operaciones. La ley permite a HKND desarrollar proyectos secundarios —puertos, un aeropuerto, carreteras, un ferrocarril— incluso si el canal no se llega a construir.
HKND contrató a una respetada firma británica de asesoría, Environmental Resources Management (ERM), hace aproximadamente un año para evaluar el impacto ambiental y social de un proyecto que se espera desplace a unas 29 mil personas. A finales de julio, dos semanas después que HKND la ruta preferida para el canal, ERM realizó reuniones comunitarias en siete ciudades durante 10 días, según un documento en el portal de HKND.
Algunos de los que asistieron a las reuniones quedaron con la sensación de que sencillamente les informaban lo que va a suceder, en vez de pedir opiniones. A los que preguntaron cuánto les pagarían por sus tierras, les dijeron que las autoridades irían puerta por puerta para informarles.
"Lo hicieron sólo para poder decir `Ya fuimos a hacer reuniones' ", dijo Rosa Amelia Mora Novoa, un ama de casa de 37 años de Río Grande que asistió a la reunión en Rivas, capital del departamento del mismo nombre.
A finales del mes pasado, HKND anunció que los informes ambientales y sociales se habían completado y determinó que el impacto sería mínimo, pero los informes no se han dado a conocer públicamente, incluso mientras se acercaba el día del comienzo de las obras.
En una respuesta por escrito a preguntas de The Associated Press, HKND dijo que los informes se someterían a la aprobación de la Comisión del Canal y del gobierno a principios de 2015.
Una persona que conoce de primera mano las evaluaciones, pero quien no está autorizada a hablar del tema y que pidió no ser identificada, dijo que no se otorgó suficiente tiempo a un estudio apropiado y a consultas.
"Los estudios dirán que hay algunas cosas que deben tomarse en cuenta, pero algunas de esas cosas sencillamente no se van a tomar en cuenta porque ya se ha decidido cómo van a ser las cosas y las han comenzado a hacer", dijo la persona.
ERM declinó hacer declaraciones, diciendo que no tiene autorización de su cliente para ello.
El ecologista nicaragüense Jaime Incer, quien asesora el gobierno en asuntos del ambiente pero que se opone al canal, dijo de ERM: "Están dejando que los usen".
Agregó que el tiempo asignado a los estudios hizo imposible un análisis debido de daños potenciales a cosas como la biodiversidad y la calidad del agua en el Lago Nicaragua, los arrecifes de coral y los patrones migratorios de animales.
Telémaco Talavera, rector de la Universidad Agraria Nacional de Nicaragua y portavoz de la Comisión del Canal, dijo que se estaban haciendo algunos cambios sobre la base de las recomendaciones de los estudios, como la relocalización del planeado puerto sobre el Pacífico para proteger los mangles y la entrada al Caribe para proteger asentamientos indígenas y la pesca.
En vez de dragar el lecho del lago para hacerlo lo suficientemente profundo y que pueda aceptar el paso de buques de gran calado, se usarán aspiradoras gigantes para que los sedimentos no afecten la transparencia del agua y por tanto el proceso de fotosíntesis.
Talavera también rechazó rumores de que se permitirá a HKND pasar por encima de los dueños de tierras y prometió que la Comisión del Canal exigirá a la compañía que pague un precio justo por la tierra.
El canal, que se proyecta debe estar en operaciones para 2019, también tiene muchos defensores entre los nicaragüenses.
"Es una iniciativa que se debe respaldar, todo tiene un sacrificio y si es por el bien y desarrollo del país, que se haga, porque de lo contrario vamos a seguir en el estancamiento y la pobreza", dijo José Marín Solano, un taxista de Managua.
A pesar de las grandes promesas de los que respaldan del proyecto, muchos no están convencidos de que se llegue a construir. Algunos señalan el historial del país en no hacer realidad proyectos de infraestructura, como una megarrefinería que se planeó con Venezuela, anunciada en 2007 y engavetada.
Una investigación de The Associated Press el año pasado concluyó que HKND, que no tiene experiencia en la construcción de canales ni ningún proyecto de esa magnitud, tiene un historial de proyectos que no llegan a concretarse en unos 20 países, aunque sus proyectos en China parecen haberse completado.
Lo que es más, no está claro que la empresa haya cumplido su meta anunciada de recaudar unos 8 mil millones de dólares en financiamiento.
Al preguntársele sobre la inversión, HKND dijo que ha "recibido muchos contactos de sectores empresariales y presentará un informe en el momento adecuado".
En Obrajuelo, decenas de los aproximadamente 300 vecinos se reunieron una tarde reciente para celebrar el segundo cumpleaños de una niña. Una piñata en forma de conejo blanco colgaba de una cuerda frente a casas pintadas con grafiti por sus propios dueños: "Ortega vendepatria" y "Chinos fuera".
Albalina Espinoza, de 44 años, recordó cómo se regó la noticia cuando los técnicos chinos llegaron para hacer estudios topográficos hace unas semanas. Unas 50 mujeres del poblado atacaron con palos y piedras el vehículo y le rompieron las ventanillas antes que los técnicos huyeran. Nadie resultó lesionado.
Espinoza dijo que Obrajuelo está preparado para impedir que regresen, pero no dijo cómo.
"Esto es una lucha de un burro amarrado con un tigre suelto", dijo Jesús Vanegas López, de 65 años.
AP
