Intentó llevarse una camioneta que ya había elegido en color, marca y modelo; hasta traía los fajos de efectivo en la mano, como siempre lo había hecho, sin embargo en esa ocasión las cosas no le resultaron.
La nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como “ley antilavado”, le impidió concretar la compra porque quiso pagar en efectivo un vehículo de más de 216 mil pesos más IVA, cuando ella estaba obligada a realizar una operación bancaria. La señora tampoco estuvo de acuerdo en entregar sus datos de identificación a la agencia para que ésta los remitiera a la Secretaría de Hacienda, como lo marca la nueva disposición.
Alan, representante de la agencia automotriz —quien solicitó omitir su apellido para no perjudicar a la marca— narra la venta frustrada.
“Ha habido gente que, si sabe que se le va a reportar a Hacienda, dice: ‘mejor ya no compro’. Hace un par de meses una dama llegó a comprar un vehículo y éste tenía un costo de entre 280 y 290 mil pesos, pero traía el dinero en efectivo y le dijimos: ‘Nos da mucha pena pero no podemos recibirle dinero’, y respondió molesta: ‘¿qué, mi dinero no vale?’”, cuenta.
La agencia y Alan perdieron esa venta. La señora, de la que nunca se supo a qué se dedicaba, prefirió no comprar la unidad a ser registrada por el sistema bancario y la Secretaría de Hacienda.
En sus primeros 177 días de operación, la “ley antilavado” generó 953 mil 82 “avisos” e “informes en ceros” relativos al lavado de dinero. La cantidad es equivalente a cinco mil 384 registros por día, 224.3 por hora y 3.7 por minuto.
De acuerdo a la ley, las empresas y particulares que realicen un listado de 17 actividades vulnerables, entre las que se encuentran la venta de vehículos, obras de arte y juegos con apuestas, entre otras, deben de abrir expedientes a una parte de los clientes y, eventualmente, reportarlos a la Secretaría de Hacienda. Los informes se hacen cuando los consumidores exceden los umbrales establecidos por la nueva ley.
La información aquí presentada fue solicitada vía ley de transparencia. El documento entregado engloba y no diferencia entre “avisos” e “informes en ceros” realizados por las personas físicas y morales.
Los “avisos” son aquellos reportes que los empresarios mandan a Hacienda cuando se realiza una compra-venta considerada sospechosa; es decir, cuando la transacción excede un tope económico fijado por la nueva ley para cada actividad. Los “informes en ceros” son las notificaciones que manda la iniciativa privada cuando no registra ningún ingreso considerado de riesgo. Ambos reportes se tienen que consignar.
Se reconocen como actividades vulnerables a las acciones económicas que por su naturaleza representan un riesgo para ‘lavar dinero’ de procedencia ilícita, crimen organizado o terrorismo.
La lista de las top
El segundo generador fue el rubro de Traslado o Custodia de Dinero o Valores, con 82 mil 389 reportes, que representa el 8.64%. Después les siguen los rubros Préstamos o Créditos, con 50 mil 295 reportes que representa el 5.2%; Derechos Personales de Uso o Goce de Inmuebles, con 47 mil 713, que representa el 5% por ciento; Tarjetas de Servicio o de Crédito, con 42 mil 753, un 4.4%; los Juegos con Apuestas, Concursos o Sorteos, con 27 mil 179, un 2.8%; la Transmisión de Derechos sobre Bienes Inmuebles, con 24 mil 506, un 2.5%; Tarjetas Prepagadas, Vales o Cupones, con 23 mil 43, un 2.4%, y los servicios de notarios y corredores públicos establecidos como Fe Pública, con 22 mil 765, 2.4% del total.
En una menor cantidad de avisos y reportes se encuentran la Recepción de Donativos, con 8 mil 151, un 0.85%; la compra-venta de Metales y Piedras Preciosas, Joyas o Relojes, con 6 mil 342, un 0.66%; los Servicios Profesionales, con 3 mil 714, un 0.38%; Servicios de Comercio Exterior, con mil 193, un 0.12%; Obras de Arte, con 291, un 0.03%; Monederos y Certificados de Devoluciones, con 261, un 0.02%; Servicios de Blindaje, con 159, un 0.016%, y Cheques de Viajero, con un reporte, que equivale al 0.0001% del total.
A pesar de la alta cantidad de avisos, el director de la Unidad de Implementación de la “ley antilavado”, Alberto Elías Beltrán, garantizó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está preparada para fiscalizar la información.
Hasta hace unas semanas, informó el funcionario, se habían dado de alta entre 48 mil y 50 mil personas físicas y morales que realizan actividades vulnerables.
“Respecto al número de avisos e informes en ceros que se han reportado a través del portal, también es un número que nosotros teníamos estimado”, aseguró en entrevista.
El funcionario de Hacienda expuso que la ley antilavado ha dado resultados desde el principio, y una muestra es que aumentaron las denuncias por lavado de dinero presentadas ante la Procuraduría General de la República PGR).
La ley, explicó Alberto Elías Beltrán, tiene tres razones principales que le dieron origen: presentar avisos y tener la documentación de los clientes, hacer valer las restricciones del uso de efectivo y metales, y concretar una mayor coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la PGR.
Piden regrese pago en efectivo
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) no está conforme con la actual ley antilavado, por eso propondrá en las próximas semanas un cambio legal para eliminar las restricciones en el manejo de efectivo.
Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la asociación que engloba a más de mil 500 empresas distribuidoras de vehículos en México, explicó que intentarán homologar el modelo a estándares internacionales, ya que las actuales condiciones mexicanas complican las ventas y encarecen los costos.
Este cambio conservaría la obligación de identificar a los clientes y de informar los avisos a la Secretaría de Hacienda, pero “que no haya una restricción en el manejo de efectivo”, reiteró.
El limitante del efectivo ha provocado que los clientes dejen de comprar unidades, sobre todo en zonas rurales, donde la población que se dedica a la agricultura y a la ganadería no maneja cuentas bancarias por dos razones principales: una por costumbre y dos por falta de ventanillas bancarias.
“No necesariamente el hecho de manejar efectivo (dinero) nos pone enfrente de una persona que está utilizando u obteniendo el efectivo por medio de una actividad ilícita”, defendió Rosales Zárate.
Aunque aún no tienen una estimación de pérdidas por la entrada en vigor de la ley, el director general declaró que sí ha sido afectado este sector, industria que mantiene la misma cantidad de ventas de vehículos desde hace 10 años.
¿Quieres hacer negocio o no?
“Hay algunos clientes que dicen: ‘por qué te voy a tener que decir a qué me dedico, es mi dinero, ¿quieres hacer negocio o no quieres hacer negocio?’”, recordó.
“Ha faltado una mayor divulgación, difusión, sensibilización por parte de la autoridad hacia la sociedad. Esta labor la estamos haciendo nosotros. Es muy desgastante en todos los sentidos, incluido el económico”, añadió.
Las agencias automotrices han tenido que gastar fuertes cantidades de dinero en la capacitación de personal, refirió, e incluso han tenido que contratar a más empleados porque las ventas requieren de un mayor tiempo para lograrse.
“En lugar de comprar un vehículo nuevo, el cliente te dice ‘muchas gracias’, y se va al tianguis o agarra el periódico y compra un vehículo usado de uno o dos años, y el cliente sigue manejando el efectivo y no pasa nada, lo único que pasa es que perdimos la venta”, lamentó.
Identificación de cliente
La industria automotriz vende un millón 63 mil vehículos por año, y de éstos, cerca del 50% tiene un valor de 216 mil pesos más IVA, lo que obliga a las agencias a abrirle un expediente de identificación al cliente, y guardarlo para una posible y futura verificación de Hacienda.
Un 20% de los clientes se encuentra entre los que merecen ser reportados a la Secretaría de Hacienda por ser ventas mayores a los 432 mil pesos más IVA.
“En un año, cuando menos, unos 200 mil vehículos tendrían que presentar avisos”, estimó Guillermo Rosales Zárate.
Desde la entrada en operación de la “ley antilavado” las agencias están obligadas a solicitar al cliente una identificación oficial, un comprobante de domicilio, a preguntarle su actividad económica y a pedirle —si tiene— RFC o CURP. También se le pregunta si existe otra persona distinta que sea beneficiaria del vehículo a utilizar.
Esta información deberá ser resguardada cinco años. El procedimiento administrativo es parecido en las 17 actividades vulnerables.
Las obligaciones han sido complejas, reconoció Rosales Zárate, pero han realizado un esfuerzo por cumplirlas, ya que temen ser sancionados con multas que pueden llegar hasta los cuatro millones de pesos por haber omitido un aviso.
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