El congreso de Quintana Roo aprobó este lunes la Ley de Cultura Cívica, la cual limita las protestas sociales en la entidad. Esta reforma se debió a una iniciativa propuesta por el diputado Juan Carrillo Soberanis, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que tiene la mayoría en el Congreso del estado.
La iniciativa aprobada por la vía del fast track este lunes 24 de marzo prohibe bloqueos en calles principales de la entidad y advierte que serán disueltos de manera inmediata por la policía, a la cual se le permite el uso de la fuerza para este fin.
La ley faculta a la autoridad estatal y municipal para intervenir con el uso de la fuerza en una protesta cuando “se altera el funcionamiento de las instituciones que prestan algún servicio, la paz, la tranquilidad, de la o las comunidades, o se impide el normal desarrollo de las actividades de los demás habitantes o sus derechos humanos, o profieren injurias, o sea hace uso de violencia o de amenazas para intimidar u obligar a que alguna autoridad resuelva en el sentido que se deseen los manifestantes”.
También restringe las marchas en las vías primarias y regula las protestas en las vías públicas, todo basado en una exposición de motivos que pone como contexto las marchas de maestros de la CNTE, las cuales habrían dejado sin trabajar a 700 empleados durante una jornada de protestas en octubre pasado.
La iniciativa enlista los lugares donde no se puede protestar, entre ellos los sitios turísticos, además de obligar a los organizadores de movilizaciones a dar aviso por escrito con 48 horas de anticipación a las autoridades.
Carrillo Soberanis, el impulsor de la ley, es un diputado priista cercano al gobernador Roberto Borge, conocido por su liderazgo estatal del Frente Juvenil Revolucionario (FJR) que encabezó acciones de sabotaje contra actos de campaña del excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.
La ley que restringe las protestas fue aprobada pese al voto en contra de los representantes del PAN, PRD y el PT; estuvieron ausentes las priistas Berenice Polanco y Marcia Fernández Piña y del Panal, Emilio Jiménez Ancona y de MC, Luís Roldan Carrillo.
La ley faculta a la autoridad para intervenir en protestas si alteran el funcionamiento de las instituciones o que impidan el desarrollo de las actividades de otros habitantes, también cuando se hace uso de violencia.
Además, los bloqueos realizados sin aviso serían disueltos, además de que las marchas en vías primarias serían dispersas, además de que no podrían obstruir el tránsito de los vehículos en la vía pública, empleando para ello, carriles laterales.
Los espacios para realizar las marchas estarían restringidos y en caso de que se violara estas disposiciones, la autoridad podría tomar medidas para reencauzar a los manifestantes a las zonas permitidas.
Los lugares prohibidos serían: espacios públicos con valor histórico, cultural, turístico o arquitectónico, que pudiera afectar en alguna medida el desarrollo del estado o sus accesos.
Además, los participantes tendrían que responder si se causasen daños a los bienes o derechos de terceros, de manera independiente de la responsabilidad administrativa, civil y penal que resultara.
Legisladores del PRD, PAN y PT advirtieron que la discusión podría terminar por definirse ante la Suprema Corte de Justicia por considerarse “inconstitucional”.
La iniciativa se presentó la tarde del jueves 20 de marzo, pero no recibió atención de los medios de comunicación ase llevó a cabo la eleción del diputado Harley Sosa Guillén, para presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo.
Escucha la entrevista completa con el diputado local de Quintana Roo, Juan Carrillo, impulsor de la Ley de Cultura Cívica, que regula las protestas:
