Por lo menos a medio centenar policías federales que murieron o quedaron incapacitados de forma permanente tras haber sido enviados a los operativos contra el crimen organizado, les suspendieron el apoyo económico que por ley el Estado se comprometió a pagarles a ellos o a sus deudos.
En diciembre del 2012, la nueva administración de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), que sustituyó a la entonces Secretaría de Seguridad Pública, decidió dejar de pagar este apoyo que ascendía a cientos de miles de pesos, denunciaron a 24 HORAS los afectados.
No solo eso, a lo largo del 2013 no se inició el trámite para pagarle a otro federal muerto o incapacitado, pues la oficina que se encargaba de gestionar esta y otras prestaciones fue desaparecida y su personal despedido.
En consecuencia, viudas y huérfanos de policías caídos, y agentes mutilados o con daño físico permanente, no han recibido los cientos de miles de pesos que les correspondía por este apoyo económico, aprobado en el 2009 como un complemento al sistema de seguridad social básico.
“En la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado es previsible que algunos servidores públicos pierdan la vida”, reconoció literalmente el gobierno en el oficio de julio del 2009, donde se autorizó a través de
Hacienda un “apoyo económico” extra, en un solo pago, a los afectados para que el futuro inmediato de la familia no se viera “truncado”.
Dicho documento establece un tabulador para conceder la referida indemnización dependiendo de la situación legal de agente federal afectado y del número y edad de los hijos.
“En el sexenio pasado había mucha sensibilidad de las personas que estaban a cargo y en base a muchas reformas es como se fueron consiguiendo estos apoyos (…) pero con la llegada de Mondragón y Kalb (a la CNS) todo se detuvo. No es que se haya acabado la delincuencia pero prefieren ignorar el problema”, reveló una ex funcionaria.
Los expedientes que ya estaban integrados, fueron canalizados a una oficina de la secretaría de Gobernación donde están archivados y sin respuesta.
Los deudos que no han recibido el apoyo ya enviaron una carta a Enrique Peña Nieto denunciando esta situación, de la que este diario también tiene copia, y anunciaron que de no recibir respuesta comenzarán movilizaciones.
Revictimizadas
En 2011 Héctor García Monte Albán, policía de la División de Investigaciones, fue asignado a la seguridad del comandante Carlos Montoya, que había sufrido un atentado. El 12 de mayo del 2012, fueron atacados nuevamente por sicarios en Nezahualcóyotl. Tras seis meses grave, García Monte Albán falleció.
Desde finales del 2012 su viuda, Patsy Téllez, no ha recibido el apoyo económico que le corresponde a ella y a su hija menor de edad.
“Han cambiado como cuatro veces a los mandos de la División de Investigaciones, se pasan la bolita y me dijeron que como acaban de tomar
posesión no pueden hacer nada, que no saben nada. Ya tuve que gastar en un abogado”, dijo la viuda.
Otro caso. El agente de Fuerzas Federales Jorge Armando islas fue asignado a los operativos en Ciudad Juárez. En marzo del 2010 resultó gravemente herido tras ser baleado por sicarios en el lobby del Hotel Santa Fe, junto con varios de sus compañeros. Año y medio estuvo convaleciente por las heridas, hasta que se le dio su baja definitiva por incapacidad total.
“Pero no me han dado los apoyos económicos que me corresponden por mis dos hijos luego de que se decretó mi baja, y tampoco las becas. Desaparecieron el área que nos apoyaba desde el cambio de gobierno”, indicó el agente.
Un policía Inteligencia secuestrado y asesinado en Guerrero cuya hija menor no ha recibido su indemnización. Un agente que quedó incapacitado tras perder más de dos metros de intestino luego de que su convoy fue baleado en Durango y decenas de casos más están en la misma situación.
Ni apoyo ni gestión
En el 2010 se creó en la Dirección de Recursos Humanos de la SSP la Oficina de Atención Integral a los Deudos y Heridos en Cumplimiento del Deber, que gestionaba tanto el apoyo económico autorizado en el 2009 como otros trámites relacionados con las pensiones y derechos de policías o deudos.
Pero en 2013, con el cambio de SSP a CNS, dicha área fue desarticulada y sus empleados enviados a distintos puestos en Gobernación donde luego fueron despedidos.
“Los últimos apoyos económicos se pagaron en 2012. Desde ahí nada. A mí me mandaron a una oficina en Gobernación donde me ordenaron en junio del 2013 que ya ni siquiera podíamos integrar más expedientes. En diciembre pasado finalmente me liquidaron”, dijo en entrevista una ex funcionaria que pidió el anonimato.
Los expedientes de los 49 deudos que no han recibido su apoyo y ya estaban integrados, fueron entregados a la directora General de Modernización, Organización y Eficiencia Administrativa de Segob, María Hernández Galván, donde no hay avances según los deudos.
La ex funcionaria descartó que el apoyo económico aprobado en 2009 quedara insubsistente con el cambio de SSP a CNS. Recordó, como el oficio de Hacienda lo incluye, que este apoyo se sustenta en leyes de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la administración pública Federal que siguen vigentes.
“Y aun si ese fuera el caso, si a la CNS no le interesa apoyar a los deudos y seguir con este prestación, el apoyo se tiene que pagar a quien le corresponde cuando aún estaba vigente la SSP. No puede cancelárseles”, sentenció.
Destituidos pedirán solución a Rubido
El grupo de policías federales que desde hace varios meses ha denunciado irregularidades en los procesos de control de confianza solicitarán formalmente al nuevo comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, la reevaluación de agentes afectados y su eventual reincorporación.
Los inconformes iniciaron la conformación del llamado “Movimiento Nacional por la dignificación policial”, y en un comunicado indicaron que hay cerca de 2 mil agentes despedidos de forma injustificada.
Adelantaron que el próximo domingo realizarán un evento en donde detallarán el plan acción a seguir, luego de que en la gestión de Manuel Mondragón y Kalb en la CNS no recibieron ninguna respuesta.
Son obesos 90% de federales
Por Ángel Cabrera
Un 90% de agentes de la Policía Federal fueron diagnosticados con algún grado de obesidad. Las evaluaciones realizadas a 36 mil 974 elementos revelan que 33 mil 589 no están en óptimas condiciones físicas.
Un diagnóstico realizado por la Comisión Nacional de Seguridad da cuenta de que la problemática entre las fuerzas federales. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, 28 mil 357 de los federales con el padecimiento son hombres y 5 mil 232 mujeres.
El problema más grave lo tienen 340 agentes federales en activo que padecen obesidad severa: 264 son hombres y 76 mujeres.
La obesidad mórbida o severa lleva a males como artritis, diabetes, cardiopatía, hipertensión arterial, trastornos del sueño, algunos tipos de cáncer y depresión.
En su respuesta, la Policía Federal dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad y la Secretaría de la Gobernación, señaló que “no existe ningún tipo de sanción” para los agentes que no se encuentren en óptimas condiciones físicas, “toda vez que no se contempla en la legislación de la Policía Federal”.
Agencias
