El gobierno busca tener acceso a todas las comunicaciones --desde llamadas hasta correos electrónicos o chats-- que se realicen desde celulares, tablets o computadoras aunque no exista denuncia o sospecha de actividades delictivas sobre ellos.
A esta información tendrían acceso el CISEN, la Policía Federal, la Sedena y la Secretaría de Marina, además de las procuradurías, según la iniciativa de ley federal de Telecomunicaciones que se discute en el Senado.
Esto implicaría una violación a los derechos de privacidad, afirman expertos.
“Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, están obligados a conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier dispositivo, bajo cualquier modalidad”, dice el artículo 192 del proyecto.
“Los concesionarios (…) deberán entregar los datos conservados a las instancias de procuración de justicia e instancias de seguridad que lo requieran”, dice el artículo 194.
“Con qué ánimo puedo usar los servicios de cualquier concesionario si al final sé que pueden acabar en manos del estado (...) se invade la privacidad”, dice al respecto el Dr. Daniel Márquez, abogado penalista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, SNI nivel 1, y experto en transparencia y rendición de cuentas.
La propuesta incluida en la iniciativa de ley obligaría a los concesionarios de telefonía e internet a guardar durante dos años detalles que permitan identificar el nombre de emisor y receptor de los “mensajes” de cada uno de sus clientes, tipo de comunicación, ubicación y características técnicas de los equipos, entre otros detalles, y de permitir al gobierno el acceso a esa información por razones de “inteligencia” y seguridad.
“Toda tu comunicación de voz, datos, mensajería instantánea se quedarían grabadas en alguna plataforma para algún uso que la autoridad requiriera”, dijo Ernesto Piedras, especialista en telecom de The CIU, “son tus comunicaciones privadas, tus comunicaciones patrimoniales, sentimentales”.
Actualmente, afirmaron expertos, las agencias de seguridad ya cuentan con tecnologías para intervenir comunicaciones aunque se dirigen a interceptar las de sujetos específicos. Ahora se involucraría a los concesionarios a conservar este registro, y se haría de forma indiscriminada y masiva.
Algo similar ocurrió en Estados Unidos, donde la NSA (National Security Agency) obligó a operadores como Verizon, AT&T, Sprint y otros a guardar por años el registro y el contenido de todas las llamadas, correos, chats de sus clientes.
“A los concesionarios los enrolaron para ser analistas técnicos de las agencias de seguridad pública y seguridad nacional”, dice Márquez.
Esta disposición, afirmaron fuentes consultadas, también ocasionaría un costo extra para los operadores de telecomunicaciones quienes actualmente llevan registro de las llamadas y el consumo de datos (internet) de sus clientes con fines comerciales, pero no guardan el contenido de las comunicaciones.
Almacenar esta cantidad de datos es un primer reto, pero es acaso más complejo analizar y obtener información relevante de este mundo de información. Para esto existen programas desarrollados por el gobierno de Estados Unidos bajo nombres clave como EvilOlive y ShellTrumpet que permiten, según reportes de The Guardian, analizar hasta el 75 por ciento del tráfico del internet en la Unión Americana y todas las llamadas que se realizan por Verizon, por ejemplo.
AMPLÍAN FACULTAD DE INTERVENCIONES
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para intervenir las comunicaciones debe existir una investigación y solicitud fundada y motivada de parte del Ministerio Público además de un juez de control que siga la intervención. En la redacción del proyecto de ley de telecom, no se delimita esto.
“Da la impresión de que se abren los espacios para el espionaje”, dice Márquez, “no tiene los candados que tiene el código nacional”.
La propuesta de ley también ampliaría la facultad de geolocalizar en tiempo real cualquier dispositivo electrónico.
Actualmente, la localización geográfica en tiempo real a través de celulares o dispositivos móviles puede darse sin necesidad de una orden judicial, pero sólo en casos de delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, extorsión o amenazas, y a petición del Ministerio Público o procuradurías.
La propuesta de ley secundaria de telecom ampliaría esta facultad a las agencias de inteligencia y sin limitarse a casos criminales.
“Se amplía la obligación de prestar esta colaboración no sólo a las entidades de procuración de justicia, sino también a aquellas que tienen como función la prevención del delito y salvaguardar la seguridad nacional”, dice la justificación de la iniciativa de ley.
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