La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informa que con base en diversos elementos de prueba debidamente documentados a través de investigaciones y diligencias, la Fiscalía General Metropolitana, a través de la Dirección de agencias del ministerio público zona metropolitana sur, ejercitó acción penal en contra de Nicolás García Juárez, Miguel Cantor Alcaide y Yazmani Velázquez Hernández, policías municipales de San Andrés Cholula, quienes se encontraban arraigados bajo cargos por secuestro, homicidio y abuso de autoridad.
Cabe recordar que el pasado 19 de enero, el agente del Ministerio Público se constituyó en el kilómetro 110 de la autopista Puebla-México, a la altura de la población de San Francisco Ocotlán, perteneciente a Coronango, Puebla, para realizar el levantamiento de cadáver de quien se llamó Juan Eduardo González Flores, de 29 años de edad, quien perdió la vida a consecuencia de traumatismo craneoencefálico severo, hecho por el cual se inició la averiguación previa 274/2014/SACHO.
Derivado de lo anterior fue presentado a la autoridad ministerial un grupo de Policías Municipales de San Andrés Cholula, quienes fueron arraigados con la finalidad de deslindar responsabilidades y esclarecer el hecho delictivo.
Con base en las diversas diligencias desahogadas se logró establecer que el 14 de enero del año en curso, las personas antes señaladas interceptaron al hoy occiso y a otra persona, en carretera caminó a Cacalotepec, cuando viajaban a bordo de un tractocamión, donde tras amagarlos y someterlos de forma violenta, los privaron de la libertad.
Posteriormente fueron trasladados a un motel de la carretera federal a Atlixco, donde ambos estuvieron varios días en cautiverio. Cabe señalar que durante este tiempo familiares de los hoy agraviados recibieron varias llamadas exigiendo la cantidad de 50 mil pesos y un vehículo propiedad del hoy occiso, a cambio de dejarlos en libertad.
Sin embargo, al no recibir la cantidad solicitada, José Eduardo González Flores fue privado de la vida, en tanto que la otra persona fue puesta en libertad.
Con base en las pruebas obtenidas, Nicolás García Juárez, Miguel Cantor Alcaide y Yazmani Velazquez Hernández, fueron internados en el Centro de Reinserción Social de Cholula, quedando a disposición del Juez penal, quien determinará su situación jurídica.
La Procuraduría General de Justicia refrenda su compromiso de actuar en contra de cualquier persona o funcionario público que cometa un ilícito, siempre con estricto apego al derecho.
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