Estados Unidos tienen el ojo puesto en Venezuela. "Mientras otras preocupaciones globales dominan los titulares, no deberíamos perder de vista los desafíos y oportunidades más cerca de casa". Así de claro ha sido el responsable del Comando Sur de Estados Unidos, el general John Kelly, responsable de las relaciones militares de Estados Unidos en Sudamérica. De esta forma, insistió a los senadores del Comité de las Fuerzas Armadas sobre las consecuencias de "un reducido compromiso" con Latinoamérica.
"La situación en Venezuela se está cayendo a pedazos delante de nosotros y, salvo que no ocurra un milagro, que provoque que la oposición o del Gobierno de [Nicolás] Maduro se replieguen, va a precipitarse hacia la catástrofe económica y democrática", añadió Kelly. Quiso reconocer que no tiene contacto militar con las Fuerzas Armadas venezolanas pero ha asegurado que, "de momento", sus mandos siguen siendo leales al presidente Nicolás Maduro, si bien, ha sugerido que en su seno "probablemente hay presiones y divergencias y opiniones determinadas sobre la dirección que debería seguirse".
Paralelamente, el Congreso de Estados Unidos recibió hoy dos proyectos de ley bipartidistas en ambas cámaras con un mismo objetivo: imponer sanciones contra aquellos miembros del Gobierno de Nicolás Maduro con el pretexto de haber sido acusados de estar involucrados en los episodios de violencia. Primero en el Senado, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, el demócrata por Nueva Jersey Robert Menéndez presentó un texto legislativo acompañado por el también demócrata Bill Nelson y el republicano Marco Rubio, con quien días atrás ya introdujo una resolución de condena a la represión en el país caribeño y que fue aprobada este miércoles.
Sin embargo, la propuesta va más allá, ya que entonces los senadores instaban al presidente estadounidense, Barack Obama, a imponer sanciones contra los responsables del Gobierno venezolano de esos actos violentos. En este caso, se solicita directamente al presidente que congele los activos de aquellas personas que crean convenientes, acusándoles de represión, así como la revocación de los visados a una lista de individuos propuesta por los legisladores y que compartirán con la Casa Blanca.
La "Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela", a diferencia de la introducida en la Cámara de Representantes, contempla el envío de 15 millones de dólares para la oposición política, organizaciaciones de la sociedad civil de la derecha y las grandes empresas de medios de comunicación. "Esta legislación sirve como una fuerte advertencia a los miembros del Gobierno, las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos civiles armados implicados en la violencia, de que Estados Unidos no tolera este tipo de conducta y en consecuencia responderá para ayudar a fortalecer a la sociedad civil venezolana", sentenció.
Por su parte, un grupo bipartidista de legisladores, liderado por la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, presentó este jueves otra iniciativa para sancionar a los involucrados en la violencia en Venezuela, similar a la propuesta planteada en el Senado. El texto pide al Gobierno que niegue las visas a "miembros del régimen de (Nicolás) Maduro que han cometido graves violaciones contra los derechos humanos de los ciudadanos de Venezuela", así como el bloqueo de sus propiedades y la congelación de sus bienes en este país.
El texto solicita también a Estados Unidos que reduzca aún más las importaciones de petróleo venezolano e insta al presidente Obama a presentar ante el Congreso un informe sobre aquellos funcionarios venezolanos que estén practicando censura. Asimismo, el proyecto insta a la representante permanente de EE.UU. ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carmen Lomellin, "a usar la voz, el voto, y la influencia" del país en ese organismo "para defender y proteger la Carta Interamericana Democrática y fortalecer la independiente Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)". Ambos proyectos no entrarán a consideración al menos hasta pasada la próxima semana ya que el Congreso estará en receso, y primero deberán ser aprobados por los Comités de Exteriores de las respectivas cámaras antes de ser sometidos a voto en sus plenos.
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