El 05-Nov-2013 05:06:25 (UTC) el usuario Emmanuel Ameth @1ameth1 (anonymous@hbgary.com) de EEUU escribió:
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Contrario a lo que se quiere proyectar al exterior, el gobierno de México es uno de carácter fascista que reprime a la oposición de manera sistémica, atroz y periódica, pudiendo ser considerados estos actos incluso como crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, Washington prefiere mirar hacia otro lado siempre que se le entregue el petróleo que tanto necesita de esta nación, al grado de que aún contra la soberanía de este pueblo son los intereses de la unión americana los que dominan la agenda de reformas legislativas que pretende implementar su presidente Enrique Peña Nieto.
Desde que el Revolucionario Institucional (PRI) regresara a tomar las riendas de México tras doce años de ausencia, se han cometido al menos 8 asesinatos de luchadores sociales a menos de un año de alternancia cuando todo el sexenio anterior la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró 14; del lado de los periodistas han sido asesinados 4 de ellos y desaparecidos otros 3 como parte de las 225 agresiones documentadas contra la prensa sólo los primeros 9 meses del gobierno, según reveló Artículo 19. Tanto activistas como periodistas no afines a sus intereses han sido sujetos de persecución por motivos políticos, violando así sus derechos fundamentales.
Mediante su secretario de Estado Miguel Osorio Chong, el gobierno de México reprime también las manifestaciones de los opositores a las reformas legislativas siendo los educadores los principales afectados. A pesar de estar contenida la libertad de expresión en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de ser también un garante constitucional de dicho país, el responsable de la política interna es culpable de inhibir las voces de protesta y más aún de que se vea igualmente limitada por los gobernadores, llegando a ser los de filiación y/o pasado priísta los que mayores atropellos cometen. En la misma ciudad de México han llegado a disfrazar grupos paramilitares de civiles para reprimir las protestas del magisterio como sucediera en el Barrio de Tepito, regresando a prácticas que se creían ya superadas en dicho país.
Porque los maestros también han sido objeto de la infamia. Quienes ostentan el último lugar de la prueba PISA deben su calificación a un problema de carácter estructural, no vocacional. El priísmo quiere retomar la rectoría sobre la promoción y permanencia del magisterio de manera centralizada para recuperar los operadores electorales que siempre ha visto en ellos.
Y es que la perversión del partido en el poder ni siquiera es nueva para Washington. Congresistas estadounidenses como Sensenbrenner ya habían manifestado su preocupación de que el PRI regresara al poder luego de que un escándalo sucediera a otro sobre nexos de exgobernantes de esta filiación con narcotráfico, grupos de trata de personas y demás asociaciones delictuosas que obligaron a la propia DEA e Interpol a emitir en su momento alertas y boletines para su persecución.
Pero Washington pacta con el PRI porque México produce 2.5 millones de barriles diarios de crudo, siendo un millón en excedente sobre su consumo interno y necesitando la unión americana de un millón más. Por eso Peña Nieto debe celebrar enmiendas constitucionales que permitan explorar aguas profundas bajo contratos de riesgo y utilidad compartida para cubrir esta cuota, pues bajo la legislación mexicana actual la explotación del hidrocarburo es patrimonio de la nación. Así, México alcanzaría una sobreproducción de hasta 2 millones de barriles para entregar a la unión americana, permitiendo además que sean las petroleras de su vecino del norte quienes compartan la renta de dicha extracción: un negocio redondo.
Si a Washington no le importa que el gobierno de México cometa crímenes de lesa mucho menos que de la renta petrolera dependa el 38% del presupuesto anual que ejercen ni que para entregarles el hidrocarburo necesiten recortar su gasto público en educación y salud primordialmente. Poco o nada se habla de que México vive en estado de guerra: al ritmo actual, al final del sexenio de EPN podrían contabilizarse 80 mil muertos en seis años (en Vietnam fueron 58 mil en 10) además de superarse los 26 mil desaparecidos que dejó el expresidente Felipe Calderón y sus 150 mil mil desplazados, derivado de que ahora también se ha incrementado la extorsión y el secuestro. Cinco ciudades mexicanas se encuentran entre las 10 más peligrosas del mundo.
Cuatro por cada 10 alcaldías en México sufren de amenazas del narco; sólo en los últimos 4 años, han sido asesinados 43 ediles y secuestrados otros 30. Hay departamentos completos donde ya se habla de la desaparición de poderes como sucede actualmente en Michoacán. Muchos de los votantes que tuvo el PRI creyeron que con su regreso la negociación con el crimen organizado sería una condición natural pero estos grupos se dieron cuenta de que su poder fáctico es superior al de los gobernantes que les facilitaron su incursión.
La percepción que se tiene sobre Peña Nieto es de un repudio que se generaliza cada vez más, provocando que sus mismos seguidores se cuestionen si llegó al poder por la vía democrática –aunque con la cooptación del voto- como se presume dadas las nulas muestras de apoyo a su persona en los eventos donde participa que se han caracterizado por protestas a pesar de que destinan grandes recursos a comprar la simpatía de las personas para llenar las plazas.
Y es que Washington no mide con la misma vara ni juzga igual. Han dejado en claro que ellos no tienen amigos, sino intereses. Por eso en Venezuela financia movimientos golpistas mientras en el Golfo Pérsico se apropia de naciones enteras que por menos de lo que sucede en México, interviene militarmente –por el petróleo o por solicitud de Israel-.
Mucho del sufrimiento que tiene México como país se debe a la mudez de las voces internacionales que tienen algún tipo de interés en negociar con sus energéticos así como lo hace la unión americana. Una vergüenza.
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