Los labriegos de Pueblo Nuevo, Chavarría Nuevo, Chavarría Viejo, comunidad Chavarría, San Antonio y Anexos, y La Victoria, se apostaron en la caseta de Coscomate, la de mayor valor monetario en toda la ruta, que tiene una tarifa de 249 pesos (en vehículos compactos), mientras que las tres restantes cobran en conjunto 14 pesos menos.
Según los inconformes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha incumplido con sus compromisos, como realizar un avalúo maestro que fijaría el precio actual de las tierras expropiadas hace más de 10 años.
Además, les extraña que no se haya permitido la incursión plena de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dependencia a la que correspondería simplificar el curso legal de los trámites.
Los ejidatarios mencionaron también que ejidos de Sinaloa y Nayarit tienen el mismo problema, porque lo que no descartan hacer un frente común para presionar a las autoridades federales.
De acuerdo con los afectados, la SCT pretende pagar montos que van de los 40 a los 60 centavos por metro cuadrado de terreno expropiado, cuando en algunos puntos, dicen, el precio ya se elevó hasta los 50 pesos.
Estrenan ejidatarios súper carretera Durango-Mazatlán con protesta.Todo debido a la falta de pago de tierras pic.twitter.com/MvVzDVkwAS
— Emmanuel Salazar (@jemmanuelsr) November 28, 2013 En un reportaje publicado en su edición 1928, del pasado 13 de octubre, la revista Proceso destacó que la supercarretera Durango-Mazatlán, inaugurada por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 17 de octubre, tenía “230 kilómetros de espanto”, es decir, 29 ejidos afectados, más de 50 túneles con filtraciones, decenas de puentes cuarteados, centenas de hectáreas afectadas, miles de metros de asfalto deslavado, aludes y fallas geológicas no previstas.
De acuerdo con la nota, aun cuando la vía no se ha terminado, ya es considerada una de las más riesgosas del país.
La supercarretera Durango-Mazatlán ya presentaba “peligrosas” fallas geológicas no previstas en el proyecto técnico, túneles tapados por aludes y tramos en donde el terraplén con el pavimento va literalmente hacia el precipicio, desde antes incluso de que la golpeara la cola del huracán Manuel.
A causa de ese meteoro los daños se multiplicaron: hundimientos del asfalto por la presión del agua, drenajes tapados o que no soportaron el caudal y reventaron el asfalto, cunetas anegadas por la misma carga pluvial y pesadas rocas que deshicieron túneles, sin contar con que más de 50 de los 64 pasajes filtran agua. Una parte importante de los 57 puentes también presenta fallas de diverso calibre.
La carretera de 230 kilómetros fue anunciada como la más “importante y emblemática que se haya hecho en la historia de la ingeniería reciente de México, tanto por el reto que supuso su construcción como por la aplicación de la tecnología más avanzada”.
Hoy es una ruta de desolaciones. No sólo por los túneles y puentes estropeados, sino también por los daños “colaterales” que causaron las constructoras Tradeco, Aldesa y Omega en 29 ejidos y comunidades de la zona (Proceso 1823).
Esas afectaciones también son cuantiosas: arroyos o grandes cauces de ríos –como El Baluarte– completamente azolvados por el material que desparramaron las constructoras más allá de su derecho de vía. Contaminaron zonas protegidas, en las que crecen especies de pino endémicas, como la pseudotsuga. Destruyeron el hábitat de la guacamaya, que está en peligro de extinción. Cerraron caminos que servían para sacar los productos de las zonas madereras o de cultivo y quitaron puentes de paso para ganado.
En pueblos como Santa Lucía, Sinaloa, los habitantes demandan la reparación de las cuarteaduras que las detonaciones causaron en sus inmuebles. Y lo paradójico: se construyeron puentes que no sirven a nadie.
A ello se suma que la SCT pretende pagar a 60 centavos el metro cuadrado de tierra expropiada. Sin acuerdo previo, además, otorgó el permiso para que Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, instalara en forma paralela a la megaobra el cableado de fibra óptica.
La lucha de los ejidatarios y comuneros se inició en noviembre de 2012. En febrero de 2013, por iniciativa de Andrés Medrano Quiñonez –quien se inició con El Movimiento por la justicia agraria–, siete ejidos y comunidades decidieron irse al amparo. Del municipio de Pueblo Nuevo, entre otros, fueron Chavarría Nuevo, Chavarría Viejo, San Antonio y Anexos; del municipio de Durango se sumaron La Victoria y José María Morelos, sólo que estos dos últimos fueron “apaciguados” por el actual senador suplente Óscar García Barrón, quien entonces era líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y presidente de asuntos agrarios de la Cámara de Diputados federal, en la legislatura pasada, narra el abogado defensor Enrique Pérez Virgen.
“La primera demanda la presentamos en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de la ciudad de Durango, por el pago justo y la reparación de daños. Tenemos avalúos de la tierra y de bienes diferentes a la tierra que entregamos en las oficinas centrales de la SCT, así como en los estados. Estamos hablando de alrededor de 633 mil pesos por hectárea para Pueblo Nuevo, mientras que para San Antonio y Anexos, que está más conurbado, se cotiza arriba del millón de pesos”, señaló Andrés Medrano, quien entregó a Proceso copia de los avalúos de cada uno de los ejidos.
El pasado 17 de octubre, cuando inauguró la obra, Peña Nieto no recorrió la supercarretera Durango-Mazatlán.
El Ejecutivo federal arribó en helicóptero en una zona acondicionada ex profeso, en el poblado Coscomate, ejido de Chavarría Nuevo, del municipio duranguense de Pueblo Nuevo.
Bajó, escuchó cuatro intervenciones, leyó su discurso, saludó a los asistentes y regresó al aparato acompañado del gobernador priista Jorge Herrera Caldera.
