En un encuentro informal con un grupo de reporteros que cubren sus actividades habitualmente, el funcionario capitalino dijo que cuando se ataca a la fuerza pública y hay actos vandálicos las instituciones de seguridad tienen que actuar.
Eso sí, deslindó a la policía del DF de la detención de las 11 personas consignadas por los presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín.
“Los detenidos de los que tanto se habla, obviamente no son del gobierno de la Ciudad de México. Nosotros hemos conducido la actuación al Tribunal Superior de Justicia y todas estas personas –los detenidos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México– estarán enfrentando un proceso penal, obviamente con la libertad caucional que ya se les otorgó por parte del Tribunal Superior”, arguyó.
El mandatario local aseguró que la Ciudad de México “de ninguna manera restringe, limita o está en contra de la libertad de expresión”.
Sin embargo, destacó que “cuando los esquemas se vuelven violentos, cuando se dan ataques como el que sufrió Metrobús, cuando se daña a la ciudad o a la ciudadanía, pues las instituciones de seguridad tienen que actuar”.
Mancera fue cuestionado si compartía las declaraciones del secretario de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida, quien, ante las acusaciones de detenciones arbitrarias, respondió: “Yo felicito a mi personal por el trabajo demostrado, el gran valor, gallardía, responsabilidad y sobre todo, restablecieron el orden público, le guste a quien le guste”.
Indirectamente, Mancera le enmendó la plana a su secretario: “No es ningún motivo de vanagloriarse. Es el último recurso que tiene cualquier el gobierno para restablecer el orden, pero solamente ese es el espíritu”.
Promete revisar detenciones
Miguel Ángel Mancera aseguró que “de ninguna manera” el gobierno quiere utilizar a la policía, pese dijo, debe ser su último recurso.
Y como para calmar las críticas, prometió:
“Cada una de las actuaciones de la policía está sujeta a revisión, entonces no se pueden adelantar juicios. Obviamente aquí habrá que revisar los protocolos. Sé, porque también hay imágenes muy claras, que hubo ataques directos a la policía, que había objetos contundentes aptos para agredir hacia la policía, pero hay que revisar todas las actuaciones”.
Luego, agregó: “La policía como cuerpo, debe garantizar seguridad, pero las actuaciones particulares siempre son revisables. Me refiero de cada uno de los elementos sabe que lo primero que debe salvaguardar son los derechos humanos de las personas y en ese tenor es como se va a revisar”.
La indignación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, prosiguió, “es compartida” y se debe trabajar para evitar su repetición y la impunidad.
Y reiteró que el respeto al derecho a la manifestación se tiene que garantizar, aunque advirtió que “cuando la manifestación sobrepasa las líneas y comienzan los riesgos para la ciudadanía, tienen que actuar los cuerpos de seguridad”.
Reconoce incursión de “grupos”
El regente capitalino, reconoció que en las más recientes manifestaciones ha habido “grupos” que no comparten el propósito de las marchas.
“Sí hemos tenido incursiones de grupos que no están participando de la manifestación, sino que vienen con otro ánimo y esos son los que tenemos obviamente que cuidar de manera particular para que no causen daños a la ciudad y a la ciudadanía”.
Esa declaración coincide con el reportaje publicado por Proceso (1986) en la edición que circula esta semana. El texto difunde un reporte interno compartido por los gobiernos federal y capitalino que identifica al menos a 10 grupos de anarquistas que, a partir del 1 de septiembre de 2012, se han enquistado en las movilizaciones y son los que provocan la violencia al enfrentarse a los granaderos e incendian inmuebles de oficinas públicas, comercios y vehículos.
Según el texto, las provocaciones de los embozados inician “contra los edificios de instituciones públicas y comercios; luego los policías capitalinos y federales comienzan a detener lo mismo a estudiantes –hombres y mujeres–, que a padres de familia, empleados, activistas, reporteros, para liberarlos después por falta de pruebas”.
La investigación agrega que “las movilizaciones de las últimas semanas en demanda de la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa han estado infiltradas también por algunos rijosos y por ataques indiscriminados de los uniformados contra los jóvenes que se solidarizan con los estudiantes desaparecidos desde la madrugada del 27 de septiembre en Iguala. Las arbitrariedades abundan”.
Con información de Proceso
