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17/12/2013 14:14:32



Carlos Fazio



México: Cronología abreviada de la imposición y la entrega



Otro,Opinión,,Con el Tratado de Libre Comercio de 1994, el régimen de EEUU

y los organismos financieros "internacionales" han venido avanzando en las

privatizaciones



El pasado 22 de noviembre, la 51 reunión interparlamentaria México-Estados

Unidos concluyó con la difusión de un comunicado conjunto, en el que la

delegación estadounidense manifestó su interés "por una mayor

interdependencia y seguridad energética de Norteamérica". En la reunión,

Michael McCaul, presidente de la delegación visitante y del Comité de

Seguridad Interior de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, elogió

el paquete de contrarreformas neoliberales impulsado por Enrique Peña y el

Pacto por México y, tras mencionar los acuerdos transfronterizos de

hidrocarburos de su país con México, abogó por una profundización de

la "alianza energética" entre ambos y Canadá.



En el marco de las privatizaciones en curso de Petróleos Mexicanos (Pemex)

y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el Congreso mexicano,

las "aspiraciones" de McCaul y los parlamentarios estadounidenses no fueron

para nada inocentes. Abrevan en la histórica ambición anexionista y de

clase que desde los tiempos del secretario de Estado William H. Seward, en

la segunda mitad del siglo XIX, se expresó en un proyecto de control

infraestructural y económico de dimensiones continentales que incluía la

absorción de México y Canadá; proyecto revitalizado en documentos oficiales

del gobierno de Franklyn Delano Roosevelt en 1941, cuando se diseñó la

Doctrina de Áreas Ampliadas (Grand Area Doctrine), plan geopolítico de

integración vertical imperial para la competencia comercial entre bloques,

con eje en la noción de "seguridad nacional" estadounidense.



En su última fase, dicho proceso arranca a finales de los años 70 del siglo

pasado, cuando el lobby petrolero texano logró colocar en la Oficina Oval a

Ronald Reagan y George Bush padre. Veamos:



1973. El embargo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo

(OPEP) a Estados Unidos, a raíz de su apoyo a Israel en la guerra de Yom

Kippur, exhibió su vulnerabilidad energética y generó un trauma

geoestratégico. Desde entonces, de cara a cualquier interrupción futura del

flujo de hidrocarburos (petróleo y gas natural) del golfo Pérsico,

Washington priorizó por razones de "seguridad nacional" sus políticas

hacia "fuentes amigables, estables y seguras" como Inglaterra, Canadá,

México y Venezuela.



1979. La vinculación entre la seguridad, la dependencia estratégica y las

iniciativas para la inclusión de Canadá y México en esquemas

de "integración" de América del Norte ingresa como tema central de la

seguridad nacional de Estados Unidos. Para dejar de ser "rehenes" de la

OPEP y de cara a la pugna interimperialista con los megabloques económicos

de la Unión Europea y el Asia/Pacífico (Japón y los tigres asiáticos) que

desafían la hegemonía de Estados Unidos, ese año, cuando el tema del

petróleo y el gas era casi un tabú en las relaciones bilateral y regional,

Ronald Reagan promueve en su campaña por la Casa Blanca la "desvinculación"

del petróleo mexicano y el gas natural canadiense del mercado mundial y

la "regionalización" de los recursos hidrocarburíficos de ambos países bajo

la idea de un "mercado común energético" de América del Norte.



Años 80. En el caso de México, los mayores obstáculos para la conformación

de un mercomún energético en el área espacial y territorial de Norteamérica

eran el nacionalismo revolucionario, con su artículo 27 constitucional, y

la noción misma de la soberanía nacional mexicana. Para librar esos

escollos, Washington optó por instrumentos "no militares" (es decir,

financieros y monetarios derivados de las líneas de condicionalidad del

Banco Mundial, el FMI y el BID atadas a la deuda externa) y

de "inteligencia política" (cooptación-corrupción de gobernantes, políticos

y empresarios y las presiones derivadas de sus eventuales vínculos con el

tráfico de drogas y otros ilícitos).



Históricamente, al aparato militar y diplomático estadounidense no le ha

sido difícil detectar esas vulnerabilidades, porque, como dijo el ex

secretario de Estado de Woodrow Wilson, Robert Lansing, "dominar a México

es extremadamente fácil porque basta con controlar a un solo hombre: el

presidente". Labor que han venido desarrollando los emisarios de Washington

desde el primer gobierno neoliberal de Miguel de la Madrid hasta el

presente, con Enrique Peña, pasando por Carlos Salinas (líder de la facción

santannista de lo que Manuel Buendía llamó "neopolkos"), Ernesto Zedillo,

Vicente Fox y Felipe Calderón. En abono de lo anterior, y como señaló hace

más de dos lustros John Saxe-Fernández en La compra-venta de México, desde

1982 se ha venido generalizando en México el "quintacolumnismo", es decir,

una quinta columna integrada por un grupo de poder local colaboracionista,

antinacional y entreguista, afín a un anexionismo vertical, subordinado y

dependiente de Estados Unidos.



1991. Durante el gobierno salinista, en el marco de la primera guerra del

golfo Pérsico, Timothy O'Leary dio a conocer que en una reunión celebrada

en Toronto, el 12 de junio de ese año, Los Pinos y la Casa Blanca pactaron

que "sin modificar la Constitución mexicana", el petróleo y las operaciones

nacionales e internacionales de Pemex entraran en las negociaciones del

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus

siglas en inglés).



1994. Con la entrada en vigor del TLCAN, definido por el ex director de la

CIA William Colby como un instrumento importante para "desvanecer" la

soberanía mexicana y "reorientar" la función y la existencia misma de

México como Estado nación, se profundizó el proceso

de "constitucionalización del neoliberalismo disciplinario". Esto es, el

ajuste del aparato normativo mexicano con el fin de garantizar "seguridad

jurídica" a los inversionistas privados extranjeros, con especial fruición,

la desde entonces furtiva, larvada e ilegal contrarreforma a los artículos

27 y 28 de la Constitución en materia energética: electricidad, agua,

petróleo, gas natural y otros minerales considerados "críticos y

estratégicos" por el Pentágono.



Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN) en 1994, Estados Unidos y los organismos

financieros "internacionales" (BM, FMI, BID, verdaderos perros guardianes

al servicio del Departamento del Tesoro y las compañías multinacionales),

han venido avanzando sin límite de continuidad en el "cogobierno" o "manejo

conjunto" del territorio nacional y sus recursos geoestratégicos. Incluida

la privatización "multimodal" de la infraestructura (carreteras, puertos,

aeropuertos, vías de ferrocarril, redes de fibra óptica, de electricidad e

hidrocarburos), propósito principal del Plan Puebla Panamá (PPP), diseñado

durante la administración de Ernesto Zedillo y profundizado con Vicente Fox.



2000-2001. Tras la elección de Fox en julio de 2000, Washington arreció en

sus propósitos de transformar el espacio territorial mexicano, de adecuarlo

con las nuevas mercancías, a los nuevos negocios y tecnologías. De

cuadricularlo, ordenarlo y hacerlo funcional y "productivo".



Durante su campaña electoral, en un debate televisado con Al Gore en

octubre de 2000, el entonces gobernador de Texas, George W. Bush, recuperó

la idea de Reagan y su padre (George Walker Bush, ex director de la CIA y

vicepresidente de los dos mandatos de Reagan, a quien sucedió en 1988) de

formar un "mercomún energético de América del Norte". Dijo: "Le hablé (a

Fox) de cómo sería mejor apresurar la exploración de gas natural en México

y transportarlo a Estados Unidos para que seamos menos dependientes de

fuentes externas de petróleo crudo". En febrero de 2001, el experto George

Baker, directivo de Mexico Energy Intelligence, planteó que Bush podía

ofrecer fondos para convertir a Pemex en la mejor empresa petrolera del

mundo. "Por supuesto, tendría que ser una propuesta del presidente Fox, que

no corresponde plantear al presidente Bush", dijo Baker. En marzo, Bush no

tuvo empacho en afirmar que el gas encontrado en México era "hemisférico" y

debía beneficiar a Estados Unidos. Afirmó entonces: "Una buena política

energética es aquella que entiende que tenemos energía en nuestro

hemisferio y cómo explotarlo mejor y transportarlo a los mercados".



Poco antes, con Fox de anfitrión, el secretario de Energía de EU, Spencer

Abraham, había logrado introducir en la Declaración de México -suscrita por

los ministros de Energía del hemisferio- una frase que abogaba por

la "integración energética" del continente. Allí quedó formado un grupo de

trabajo trilateral (integrado por Abraham y los ministros del ramo de

Canadá y México). "Encontramos que hay dependencia mutua, sin socios

minoritarios ni socios mayoritarios", dijo entonces Abraham desafiando la

ley que rige la fábula del tiburón y las sardinas.



La idea de crear "redes" o "corredores energéticos" a través de ductos

transfronterizos para el intercambio de hidrocarburos, así como la

integración eléctrica entre Estados Unidos, Canadá y México, fue retomada

en la Cumbre de Quebec (abril de 2001), donde participaron 34 jefes de

Estado y de gobierno de América. Uno de los compromisos de la cumbre

fue "norteamericanizar los mercados de energía" -ante la deficiencia de

Estados Unidos en la materia esgrimida por Bush-, para lo cual se

requería "cambiar el marco legislativo y regulatorio" de los países

involucrados.



En mayo de 2001, el presidente Bush -principal operativo del cártel

petrolero-gasero texano conformado por las trasnacionales Exxon-Mobil,

Halliburton, Enron y El Paso Corporation- dio a conocer su plan energético

nacional (conocido como Plan Cheney), donde el combustible extranjero pasó

a ser el eje del proyecto. En ese esquema, México fue definido como

una "fuente primordial" para garantizar la "seguridad energética" de

Estados Unidos.



Varios meses antes de los atentados contra las Torres Gemelas, el Grupo

para el Desarrollo de una Política Energética Nacional, que elaboró el Plan

Cheney, había mostrado un mapa de la República Mexicana que identificaba

las cuencas de Burgos, Sabinas y Pedregosas, en el norte de México, frente

a Texas (dominios del clan Bush), como las principales reservas de gas no

explotado. En esa región, sugería el documento, podría darse una

interrelación energética "natural". El grupo recomendó a Bush que

instruyera a sus secretarios de Estado y de Energía para que, en consulta

con la Comisión Reguladora de Energía, se revisaran los "permisos

presidenciales" para la construcción de infraestructura que permita el

cruce de petróleo, gas natural y electricidad, y se propongan las reformas

a las regulaciones que sean necesarias para hacerlas compatibles con el

comercio intrafronterizo.



Cuando en septiembre de 2001 Fox visitó a Bush en Washington, ambos

recibieron la propuesta del Consejo Binacional México-Estados Unidos de

llevar a cabo, cuanto antes, la integración energética de Norteamérica. El

principal destinatario de la solicitud fue Fox: a él le recomendaron

aumentar la inversión privada en Pemex; abrir el sector de refinación de

crudo al capital extranjero; dividir en varias compañías la red de

oleoductos mexicanos y acceder a una pronta integración eléctrica con

Estados Unidos. Para todo ello, señalaron, hay opciones: "liberalizando los

marcos regulatorios y legales". Es decir, modificando la Constitución

mexicana.



2002. El 20 de septiembre de ese año Bush presentó su Estrategia de

Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Entre las nociones básicas del

documento, una decía: "Debe mejorar la seguridad energética (de Estados

Unidos). Fortaleceremos nuestra propia seguridad energética y la

prosperidad compartida de la economía mundial, colaborando con nuestros

aliados, socios comerciales y productores de energía". En buen romance, fue

el anuncio estratégico de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de

América del Norte (Aspan), suscrita en Waco, Texas, el 23 de marzo de 2005.



La Jornada



Otro,Opinión,,Con el Tratado de Libre Comercio de 1994, el régimen de EEUU

y los organismos financieros "internacionales" han venido avanzando en las

privatizaciones



El pasado 22 de noviembre, la 51 reunión interparlamentaria México-Estados

Unidos concluyó con la difusión de un comunicado conjunto, en el que la

delegación estadounidense manifestó su interés "por una mayor

interdependencia y seguridad energética de Norteamérica". En la reunión,

Michael McCaul, presidente de la delegación visitante y del Comité de

Seguridad Interior de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, elogió

el paquete de contrarreformas neoliberales impulsado por Enrique Peña y el

Pacto por México y, tras mencionar los acuerdos transfronterizos de

hidrocarburos de su país con México, abogó por una profundización de

la "alianza energética" entre ambos y Canadá.



En el marco de las privatizaciones en curso de Petróleos Mexicanos (Pemex)

y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el Congreso mexicano,

las "aspiraciones" de McCaul y los parlamentarios estadounidenses no fueron

para nada inocentes. Abrevan en la histórica ambición anexionista y de

clase que desde los tiempos del secretario de Estado William H. Seward, en

la segunda mitad del siglo XIX, se expresó en un proyecto de control

infraestructural y económico de dimensiones continentales que incluía la

absorción de México y Canadá; proyecto revitalizado en documentos oficiales

del gobierno de Franklyn Delano Roosevelt en 1941, cuando se diseñó la

Doctrina de Áreas Ampliadas (Grand Area Doctrine), plan geopolítico de

integración vertical imperial para la competencia comercial entre bloques,

con eje en la noción de "seguridad nacional" estadounidense.



En su última fase, dicho proceso arranca a finales de los años 70 del siglo

pasado, cuando el lobby petrolero texano logró colocar en la Oficina Oval a

Ronald Reagan y George Bush padre. Veamos:



1973. El embargo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo

(OPEP) a Estados Unidos, a raíz de su apoyo a Israel en la guerra de Yom

Kippur, exhibió su vulnerabilidad energética y generó un trauma

geoestratégico. Desde entonces, de cara a cualquier interrupción futura del

flujo de hidrocarburos (petróleo y gas natural) del golfo Pérsico,

Washington priorizó por razones de "seguridad nacional" sus políticas

hacia "fuentes amigables, estables y seguras" como Inglaterra, Canadá,

México y Venezuela.



1979. La vinculación entre la seguridad, la dependencia estratégica y las

iniciativas para la inclusión de Canadá y México en esquemas

de "integración" de América del Norte ingresa como tema central de la

seguridad nacional de Estados Unidos. Para dejar de ser "rehenes" de la

OPEP y de cara a la pugna interimperialista con los megabloques económicos

de la Unión Europea y el Asia/Pacífico (Japón y los tigres asiáticos) que

desafían la hegemonía de Estados Unidos, ese año, cuando el tema del

petróleo y el gas era casi un tabú en las relaciones bilateral y regional,

Ronald Reagan promueve en su campaña por la Casa Blanca la "desvinculación"

del petróleo mexicano y el gas natural canadiense del mercado mundial y

la "regionalización" de los recursos hidrocarburíficos de ambos países bajo

la idea de un "mercado común energético" de América del Norte.



Años 80. En el caso de México, los mayores obstáculos para la conformación

de un mercomún energético en el área espacial y territorial de Norteamérica

eran el nacionalismo revolucionario, con su artículo 27 constitucional, y

la noción misma de la soberanía nacional mexicana. Para librar esos

escollos, Washington optó por instrumentos "no militares" (es decir,

financieros y monetarios derivados de las líneas de condicionalidad del

Banco Mundial, el FMI y el BID atadas a la deuda externa) y

de "inteligencia política" (cooptación-corrupción de gobernantes, políticos

y empresarios y las presiones derivadas de sus eventuales vínculos con el

tráfico de drogas y otros ilícitos).



Históricamente, al aparato militar y diplomático estadounidense no le ha

sido difícil detectar esas vulnerabilidades, porque, como dijo el ex

secretario de Estado de Woodrow Wilson, Robert Lansing, "dominar a México

es extremadamente fácil porque basta con controlar a un solo hombre: el

presidente". Labor que han venido desarrollando los emisarios de Washington

desde el primer gobierno neoliberal de Miguel de la Madrid hasta el

presente, con Enrique Peña, pasando por Carlos Salinas (líder de la facción

santannista de lo que Manuel Buendía llamó "neopolkos"), Ernesto Zedillo,

Vicente Fox y Felipe Calderón. En abono de lo anterior, y como señaló hace

más de dos lustros John Saxe-Fernández en La compra-venta de México, desde

1982 se ha venido generalizando en México el "quintacolumnismo", es decir,

una quinta columna integrada por un grupo de poder local colaboracionista,

antinacional y entreguista, afín a un anexionismo vertical, subordinado y

dependiente de Estados Unidos.



1991. Durante el gobierno salinista, en el marco de la primera guerra del

golfo Pérsico, Timothy O'Leary dio a conocer que en una reunión celebrada

en Toronto, el 12 de junio de ese año, Los Pinos y la Casa Blanca pactaron

que "sin modificar la Constitución mexicana", el petróleo y las operaciones

nacionales e internacionales de Pemex entraran en las negociaciones del

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus

siglas en inglés).



1994. Con la entrada en vigor del TLCAN, definido por el ex director de la

CIA William Colby como un instrumento importante para "desvanecer" la

soberanía mexicana y "reorientar" la función y la existencia misma de

México como Estado nación, se profundizó el proceso

de "constitucionalización del neoliberalismo disciplinario". Esto es, el

ajuste del aparato normativo mexicano con el fin de garantizar "seguridad

jurídica" a los inversionistas privados extranjeros, con especial fruición,

la desde entonces furtiva, larvada e ilegal contrarreforma a los artículos

27 y 28 de la Constitución en materia energética: electricidad, agua,

petróleo, gas natural y otros minerales considerados "críticos y

estratégicos" por el Pentágono.



Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN) en 1994, Estados Unidos y los organismos

financieros "internacionales" (BM, FMI, BID, verdaderos perros guardianes

al servicio del Departamento del Tesoro y las compañías multinacionales),

han venido avanzando sin límite de continuidad en el "cogobierno" o "manejo

conjunto" del territorio nacional y sus recursos geoestratégicos. Incluida

la privatización "multimodal" de la infraestructura (carreteras, puertos,

aeropuertos, vías de ferrocarril, redes de fibra óptica, de electricidad e

hidrocarburos), propósito principal del Plan Puebla Panamá (PPP), diseñado

durante la administración de Ernesto Zedillo y profundizado con Vicente Fox.



2000-2001. Tras la elección de Fox en julio de 2000, Washington arreció en

sus propósitos de transformar el espacio territorial mexicano, de adecuarlo

con las nuevas mercancías, a los nuevos negocios y tecnologías. De

cuadricularlo, ordenarlo y hacerlo funcional y "productivo".



Durante su campaña electoral, en un debate televisado con Al Gore en

octubre de 2000, el entonces gobernador de Texas, George W. Bush, recuperó

la idea de Reagan y su padre (George Walker Bush, ex director de la CIA y

vicepresidente de los dos mandatos de Reagan, a quien sucedió en 1988) de

formar un "mercomún energético de América del Norte". Dijo: "Le hablé (a

Fox) de cómo sería mejor apresurar la exploración de gas natural en México

y transportarlo a Estados Unidos para que seamos menos dependientes de

fuentes externas de petróleo crudo". En febrero de 2001, el experto George

Baker, directivo de Mexico Energy Intelligence, planteó que Bush podía

ofrecer fondos para convertir a Pemex en la mejor empresa petrolera del

mundo. "Por supuesto, tendría que ser una propuesta del presidente Fox, que

no corresponde plantear al presidente Bush", dijo Baker. En marzo, Bush no

tuvo empacho en afirmar que el gas encontrado en México era "hemisférico" y

debía beneficiar a Estados Unidos. Afirmó entonces: "Una buena política

energética es aquella que entiende que tenemos energía en nuestro

hemisferio y cómo explotarlo mejor y transportarlo a los mercados".



Poco antes, con Fox de anfitrión, el secretario de Energía de EU, Spencer

Abraham, había logrado introducir en la Declaración de México -suscrita por

los ministros de Energía del hemisferio- una frase que abogaba por

la "integración energética" del continente. Allí quedó formado un grupo de

trabajo trilateral (integrado por Abraham y los ministros del ramo de

Canadá y México). "Encontramos que hay dependencia mutua, sin socios

minoritarios ni socios mayoritarios", dijo entonces Abraham desafiando la

ley que rige la fábula del tiburón y las sardinas.



La idea de crear "redes" o "corredores energéticos" a través de ductos

transfronterizos para el intercambio de hidrocarburos, así como la

integración eléctrica entre Estados Unidos, Canadá y México, fue retomada

en la Cumbre de Quebec (abril de 2001), donde participaron 34 jefes de

Estado y de gobierno de América. Uno de los compromisos de la cumbre

fue "norteamericanizar los mercados de energía" -ante la deficiencia de

Estados Unidos en la materia esgrimida por Bush-, para lo cual se

requería "cambiar el marco legislativo y regulatorio" de los países

involucrados.



En mayo de 2001, el presidente Bush -principal operativo del cártel

petrolero-gasero texano conformado por las trasnacionales Exxon-Mobil,

Halliburton, Enron y El Paso Corporation- dio a conocer su plan energético

nacional (conocido como Plan Cheney), donde el combustible extranjero pasó

a ser el eje del proyecto. En ese esquema, México fue definido como

una "fuente primordial" para garantizar la "seguridad energética" de

Estados Unidos.



Varios meses antes de los atentados contra las Torres Gemelas, el Grupo

para el Desarrollo de una Política Energética Nacional, que elaboró el Plan

Cheney, había mostrado un mapa de la República Mexicana que identificaba

las cuencas de Burgos, Sabinas y Pedregosas, en el norte de México, frente

a Texas (dominios del clan Bush), como las principales reservas de gas no

explotado. En esa región, sugería el documento, podría darse una

interrelación energética "natural". El grupo recomendó a Bush que

instruyera a sus secretarios de Estado y de Energía para que, en consulta

con la Comisión Reguladora de Energía, se revisaran los "permisos

presidenciales" para la construcción de infraestructura que permita el

cruce de petróleo, gas natural y electricidad, y se propongan las reformas

a las regulaciones que sean necesarias para hacerlas compatibles con el

comercio intrafronterizo.



Cuando en septiembre de 2001 Fox visitó a Bush en Washington, ambos

recibieron la propuesta del Consejo Binacional México-Estados Unidos de

llevar a cabo, cuanto antes, la integración energética de Norteamérica. El

principal destinatario de la solicitud fue Fox: a él le recomendaron

aumentar la inversión privada en Pemex; abrir el sector de refinación de

crudo al capital extranjero; dividir en varias compañías la red de

oleoductos mexicanos y acceder a una pronta integración eléctrica con

Estados Unidos. Para todo ello, señalaron, hay opciones: "liberalizando los

marcos regulatorios y legales". Es decir, modificando la Constitución

mexicana.



2002. El 20 de septiembre de ese año Bush presentó su Estrategia de

Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Entre las nociones básicas del

documento, una decía: "Debe mejorar la seguridad energética (de Estados

Unidos). Fortaleceremos nuestra propia seguridad energética y la

prosperidad compartida de la economía mundial, colaborando con nuestros

aliados, socios comerciales y productores de energía". En buen romance, fue

el anuncio estratégico de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de

América del Norte (Aspan), suscrita en Waco, Texas, el 23 de marzo de 2005.



La Jornada



Otro,Opinión,,Con el Tratado de Libre Comercio de 1994, el régimen de EEUU

y los organismos financieros "internacionales" han venido avanzando en las

privatizaciones



El pasado 22 de noviembre, la 51 reunión interparlamentaria México-Estados

Unidos concluyó con la difusión de un comunicado conjunto, en el que la

delegación estadounidense manifestó su interés "por una mayor

interdependencia y seguridad energética de Norteamérica". En la reunión,

Michael McCaul, presidente de la delegación visitante y del Comité de

Seguridad Interior de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, elogió

el paquete de contrarreformas neoliberales impulsado por Enrique Peña y el

Pacto por México y, tras mencionar los acuerdos transfronterizos de

hidrocarburos de su país con México, abogó por una profundización de

la "alianza energética" entre ambos y Canadá.



En el marco de las privatizaciones en curso de Petróleos Mexicanos (Pemex)

y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el Congreso mexicano,

las "aspiraciones" de McCaul y los parlamentarios estadounidenses no fueron

para nada inocentes. Abrevan en la histórica ambición anexionista y de

clase que desde los tiempos del secretario de Estado William H. Seward, en

la segunda mitad del siglo XIX, se expresó en un proyecto de control

infraestructural y económico de dimensiones continentales que incluía la

absorción de México y Canadá; proyecto revitalizado en documentos oficiales

del gobierno de Franklyn Delano Roosevelt en 1941, cuando se diseñó la

Doctrina de Áreas Ampliadas (Grand Area Doctrine), plan geopolítico de

integración vertical imperial para la competencia comercial entre bloques,

con eje en la noción de "seguridad nacional" estadounidense.



En su última fase, dicho proceso arranca a finales de los años 70 del siglo

pasado, cuando el lobby petrolero texano logró colocar en la Oficina Oval a

Ronald Reagan y George Bush padre. Veamos:



1973. El embargo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo

(OPEP) a Estados Unidos, a raíz de su apoyo a Israel en la guerra de Yom

Kippur, exhibió su vulnerabilidad energética y generó un trauma

geoestratégico. Desde entonces, de cara a cualquier interrupción futura del

flujo de hidrocarburos (petróleo y gas natural) del golfo Pérsico,

Washington priorizó por razones de "seguridad nacional" sus políticas

hacia "fuentes amigables, estables y seguras" como Inglaterra, Canadá,

México y Venezuela.



1979. La vinculación entre la seguridad, la dependencia estratégica y las

iniciativas para la inclusión de Canadá y México en esquemas

de "integración" de América del Norte ingresa como tema central de la

seguridad nacional de Estados Unidos. Para dejar de ser "rehenes" de la

OPEP y de cara a la pugna interimperialista con los megabloques económicos

de la Unión Europea y el Asia/Pacífico (Japón y los tigres asiáticos) que

desafían la hegemonía de Estados Unidos, ese año, cuando el tema del

petróleo y el gas era casi un tabú en las relaciones bilateral y regional,

Ronald Reagan promueve en su campaña por la Casa Blanca la "desvinculación"

del petróleo mexicano y el gas natural canadiense del mercado mundial y

la "regionalización" de los recursos hidrocarburíficos de ambos países bajo

la idea de un "mercado común energético" de América del Norte.



Años 80. En el caso de México, los mayores obstáculos para la conformación

de un mercomún energético en el área espacial y territorial de Norteamérica

eran el nacionalismo revolucionario, con su artículo 27 constitucional, y

la noción misma de la soberanía nacional mexicana. Para librar esos

escollos, Washington optó por instrumentos "no militares" (es decir,

financieros y monetarios derivados de las líneas de condicionalidad del

Banco Mundial, el FMI y el BID atadas a la deuda externa) y

de "inteligencia política" (cooptación-corrupción de gobernantes, políticos

y empresarios y las presiones derivadas de sus eventuales vínculos con el

tráfico de drogas y otros ilícitos).



Históricamente, al aparato militar y diplomático estadounidense no le ha

sido difícil detectar esas vulnerabilidades, porque, como dijo el ex

secretario de Estado de Woodrow Wilson, Robert Lansing, "dominar a México

es extremadamente fácil porque basta con controlar a un solo hombre: el

presidente". Labor que han venido desarrollando los emisarios de Washington

desde el primer gobierno neoliberal de Miguel de la Madrid hasta el

presente, con Enrique Peña, pasando por Carlos Salinas (líder de la facción

santannista de lo que Manuel Buendía llamó "neopolkos"), Ernesto Zedillo,

Vicente Fox y Felipe Calderón. En abono de lo anterior, y como señaló hace

más de dos lustros John Saxe-Fernández en La compra-venta de México, desde

1982 se ha venido generalizando en México el "quintacolumnismo", es decir,

una quinta columna integrada por un grupo de poder local colaboracionista,

antinacional y entreguista, afín a un anexionismo vertical, subordinado y

dependiente de Estados Unidos.



1991. Durante el gobierno salinista, en el marco de la primera guerra del

golfo Pérsico, Timothy O'Leary dio a conocer que en una reunión celebrada

en Toronto, el 12 de junio de ese año, Los Pinos y la Casa Blanca pactaron

que "sin modificar la Constitución mexicana", el petróleo y las operaciones

nacionales e internacionales de Pemex entraran en las negociaciones del

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus

siglas en inglés).



1994. Con la entrada en vigor del TLCAN, definido por el ex director de la

CIA William Colby como un instrumento importante para "desvanecer" la

soberanía mexicana y "reorientar" la función y la existencia misma de

México como Estado nación, se profundizó el proceso

de "constitucionalización del neoliberalismo disciplinario". Esto es, el

ajuste del aparato normativo mexicano con el fin de garantizar "seguridad

jurídica" a los inversionistas privados extranjeros, con especial fruición,

la desde entonces furtiva, larvada e ilegal contrarreforma a los artículos

27 y 28 de la Constitución en materia energética: electricidad, agua,

petróleo, gas natural y otros minerales considerados "críticos y

estratégicos" por el Pentágono.



Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN) en 1994, Estados Unidos y los organismos

financieros "internacionales" (BM, FMI, BID, verdaderos perros guardianes

al servicio del Departamento del Tesoro y las compañías multinacionales),

han venido avanzando sin límite de continuidad en el "cogobierno" o "manejo

conjunto" del territorio nacional y sus recursos geoestratégicos. Incluida

la privatización "multimodal" de la infraestructura (carreteras, puertos,

aeropuertos, vías de ferrocarril, redes de fibra óptica, de electricidad e

hidrocarburos), propósito principal del Plan Puebla Panamá (PPP), diseñado

durante la administración de Ernesto Zedillo y profundizado con Vicente Fox.



2000-2001. Tras la elección de Fox en julio de 2000, Washington arreció en

sus propósitos de transformar el espacio territorial mexicano, de adecuarlo

con las nuevas mercancías, a los nuevos negocios y tecnologías. De

cuadricularlo, ordenarlo y hacerlo funcional y "productivo".



Durante su campaña electoral, en un debate televisado con Al Gore en

octubre de 2000, el entonces gobernador de Texas, George W. Bush, recuperó

la idea de Reagan y su padre (George Walker Bush, ex director de la CIA y

vicepresidente de los dos mandatos de Reagan, a quien sucedió en 1988) de

formar un "mercomún energético de América del Norte". Dijo: "Le hablé (a

Fox) de cómo sería mejor apresurar la exploración de gas natural en México

y transportarlo a Estados Unidos para que seamos menos dependientes de

fuentes externas de petróleo crudo". En febrero de 2001, el experto George

Baker, directivo de Mexico Energy Intelligence, planteó que Bush podía

ofrecer fondos para convertir a Pemex en la mejor empresa petrolera del

mundo. "Por supuesto, tendría que ser una propuesta del presidente Fox, que

no corresponde plantear al presidente Bush", dijo Baker. En marzo, Bush no

tuvo empacho en afirmar que el gas encontrado en México era "hemisférico" y

debía beneficiar a Estados Unidos. Afirmó entonces: "Una buena política

energética es aquella que entiende que tenemos energía en nuestro

hemisferio y cómo explotarlo mejor y transportarlo a los mercados".



Poco antes, con Fox de anfitrión, el secretario de Energía de EU, Spencer

Abraham, había logrado introducir en la Declaración de México -suscrita por

los ministros de Energía del hemisferio- una frase que abogaba por

la "integración energética" del continente. Allí quedó formado un grupo de

trabajo trilateral (integrado por Abraham y los ministros del ramo de

Canadá y México). "Encontramos que hay dependencia mutua, sin socios

minoritarios ni socios mayoritarios", dijo entonces Abraham desafiando la

ley que rige la fábula del tiburón y las sardinas.



La idea de crear "redes" o "corredores energéticos" a través de ductos

transfronterizos para el intercambio de hidrocarburos, así como la

integración eléctrica entre Estados Unidos, Canadá y México, fue retomada

en la Cumbre de Quebec (abril de 2001), donde participaron 34 jefes de

Estado y de gobierno de América. Uno de los compromisos de la cumbre

fue "norteamericanizar los mercados de energía" -ante la deficiencia de

Estados Unidos en la materia esgrimida por Bush-, para lo cual se

requería "cambiar el marco legislativo y regulatorio" de los países

involucrados.



En mayo de 2001, el presidente Bush -principal operativo del cártel

petrolero-gasero texano conformado por las trasnacionales Exxon-Mobil,

Halliburton, Enron y El Paso Corporation- dio a conocer su plan energético

nacional (conocido como Plan Cheney), donde el combustible extranjero pasó

a ser el eje del proyecto. En ese esquema, México fue definido como

una "fuente primordial" para garantizar la "seguridad energética" de

Estados Unidos.



Varios meses antes de los atentados contra las Torres Gemelas, el Grupo

para el Desarrollo de una Política Energética Nacional, que elaboró el Plan

Cheney, había mostrado un mapa de la República Mexicana que identificaba

las cuencas de Burgos, Sabinas y Pedregosas, en el norte de México, frente

a Texas (dominios del clan Bush), como las principales reservas de gas no

explotado. En esa región, sugería el documento, podría darse una

interrelación energética "natural". El grupo recomendó a Bush que

instruyera a sus secretarios de Estado y de Energía para que, en consulta

con la Comisión Reguladora de Energía, se revisaran los "permisos

presidenciales" para la construcción de infraestructura que permita el

cruce de petróleo, gas natural y electricidad, y se propongan las reformas

a las regulaciones que sean necesarias para hacerlas compatibles con el

comercio intrafronterizo.



Cuando en septiembre de 2001 Fox visitó a Bush en Washington, ambos

recibieron la propuesta del Consejo Binacional México-Estados Unidos de

llevar a cabo, cuanto antes, la integración energética de Norteamérica. El

principal destinatario de la solicitud fue Fox: a él le recomendaron

aumentar la inversión privada en Pemex; abrir el sector de refinación de

crudo al capital extranjero; dividir en varias compañías la red de

oleoductos mexicanos y acceder a una pronta integración eléctrica con

Estados Unidos. Para todo ello, señalaron, hay opciones: "liberalizando los

marcos regulatorios y legales". Es decir, modificando la Constitución

mexicana.



2002. El 20 de septiembre de ese año Bush presentó su Estrategia de

Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Entre las nociones básicas del

documento, una decía: "Debe mejorar la seguridad energética (de Estados

Unidos). Fortaleceremos nuestra propia seguridad energética y la

prosperidad compartida de la economía mundial, colaborando con nuestros

aliados, socios comerciales y productores de energía". En buen romance, fue

el anuncio estratégico de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de

América del Norte (Aspan), suscrita en Waco, Texas, el 23 de marzo de 2005.



La Jornada



Otro,Opinión,,Con el Tratado de Libre Comercio de 1994, el régimen de EEUU

y los organismos financieros "internacionales" han venido avanzando en las

privatizaciones



El pasado 22 de noviembre, la 51 reunión interparlamentaria México-Estados

Unidos concluyó con la difusión de un comunicado conjunto, en el que la

delegación estadounidense manifestó su interés "por una mayor

interdependencia y seguridad energética de Norteamérica". En la reunión,

Michael McCaul, presidente de la delegación visitante y del Comité de

Seguridad Interior de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, elogió

el paquete de contrarreformas neoliberales impulsado por Enrique Peña y el

Pacto por México y, tras mencionar los acuerdos transfronterizos de

hidrocarburos de su país con México, abogó por una profundización de

la "alianza energética" entre ambos y Canadá.



En el marco de las privatizaciones en curso de Petróleos Mexicanos (Pemex)

y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el Congreso mexicano,

las "aspiraciones" de McCaul y los parlamentarios estadounidenses no fueron

para nada inocentes. Abrevan en la histórica ambición anexionista y de

clase que desde los tiempos del secretario de Estado William H. Seward, en

la segunda mitad del siglo XIX, se expresó en un proyecto de control

infraestructural y económico de dimensiones continentales que incluía la

absorción de México y Canadá; proyecto revitalizado en documentos oficiales

del gobierno de Franklyn Delano Roosevelt en 1941, cuando se diseñó la

Doctrina de Áreas Ampliadas (Grand Area Doctrine), plan geopolítico de

integración vertical imperial para la competencia comercial entre bloques,

con eje en la noción de "seguridad nacional" estadounidense.



En su última fase, dicho proceso arranca a finales de los años 70 del siglo

pasado, cuando el lobby petrolero texano logró colocar en la Oficina Oval a

Ronald Reagan y George Bush padre. Veamos:



1973. El embargo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo

(OPEP) a Estados Unidos, a raíz de su apoyo a Israel en la guerra de Yom

Kippur, exhibió su vulnerabilidad energética y generó un trauma

geoestratégico. Desde entonces, de cara a cualquier interrupción futura del

flujo de hidrocarburos (petróleo y gas natural) del golfo Pérsico,

Washington priorizó por razones de "seguridad nacional" sus políticas

hacia "fuentes amigables, estables y seguras" como Inglaterra, Canadá,

México y Venezuela.



1979. La vinculación entre la seguridad, la dependencia estratégica y las

iniciativas para la inclusión de Canadá y México en esquemas

de "integración" de América del Norte ingresa como tema central de la

seguridad nacional de Estados Unidos. Para dejar de ser "rehenes" de la

OPEP y de cara a la pugna interimperialista con los megabloques económicos

de la Unión Europea y el Asia/Pacífico (Japón y los tigres asiáticos) que

desafían la hegemonía de Estados Unidos, ese año, cuando el tema del

petróleo y el gas era casi un tabú en las relaciones bilateral y regional,

Ronald Reagan promueve en su campaña por la Casa Blanca la "desvinculación"

del petróleo mexicano y el gas natural canadiense del mercado mundial y

la "regionalización" de los recursos hidrocarburíficos de ambos países bajo

la idea de un "mercado común energético" de América del Norte.



Años 80. En el caso de México, los mayores obstáculos para la conformación

de un mercomún energético en el área espacial y territorial de Norteamérica

eran el nacionalismo revolucionario, con su artículo 27 constitucional, y

la noción misma de la soberanía nacional mexicana. Para librar esos

escollos, Washington optó por instrumentos "no militares" (es decir,

financieros y monetarios derivados de las líneas de condicionalidad del

Banco Mundial, el FMI y el BID atadas a la deuda externa) y

de "inteligencia política" (cooptación-corrupción de gobernantes, políticos

y empresarios y las presiones derivadas de sus eventuales vínculos con el

tráfico de drogas y otros ilícitos).



Históricamente, al aparato militar y diplomático estadounidense no le ha

sido difícil detectar esas vulnerabilidades, porque, como dijo el ex

secretario de Estado de Woodrow Wilson, Robert Lansing, "dominar a México

es extremadamente fácil porque basta con controlar a un solo hombre: el

presidente". Labor que han venido desarrollando los emisarios de Washington

desde el primer gobierno neoliberal de Miguel de la Madrid hasta el

presente, con Enrique Peña, pasando por Carlos Salinas (líder de la facción

santannista de lo que Manuel Buendía llamó "neopolkos"), Ernesto Zedillo,

Vicente Fox y Felipe Calderón. En abono de lo anterior, y como señaló hace

más de dos lustros John Saxe-Fernández en La compra-venta de México, desde

1982 se ha venido generalizando en México el "quintacolumnismo", es decir,

una quinta columna integrada por un grupo de poder local colaboracionista,

antinacional y entreguista, afín a un anexionismo vertical, subordinado y

dependiente de Estados Unidos.



1991. Durante el gobierno salinista, en el marco de la primera guerra del

golfo Pérsico, Timothy O'Leary dio a conocer que en una reunión celebrada

en Toronto, el 12 de junio de ese año, Los Pinos y la Casa Blanca pactaron

que "sin modificar la Constitución mexicana", el petróleo y las operaciones

nacionales e internacionales de Pemex entraran en las negociaciones del

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus

siglas en inglés).



1994. Con la entrada en vigor del TLCAN, definido por el ex director de la

CIA William Colby como un instrumento importante para "desvanecer" la

soberanía mexicana y "reorientar" la función y la existencia misma de

México como Estado nación, se profundizó el proceso

de "constitucionalización del neoliberalismo disciplinario". Esto es, el

ajuste del aparato normativo mexicano con el fin de garantizar "seguridad

jurídica" a los inversionistas privados extranjeros, con especial fruición,

la desde entonces furtiva, larvada e ilegal contrarreforma a los artículos

27 y 28 de la Constitución en materia energética: electricidad, agua,

petróleo, gas natural y otros minerales considerados "críticos y

estratégicos" por el Pentágono.



Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN) en 1994, Estados Unidos y los organismos

financieros "internacionales" (BM, FMI, BID, verdaderos perros guardianes

al servicio del Departamento del Tesoro y las compañías multinacionales),

han venido avanzando sin límite de continuidad en el "cogobierno" o "manejo

conjunto" del territorio nacional y sus recursos geoestratégicos. Incluida

la privatización "multimodal" de la infraestructura (carreteras, puertos,

aeropuertos, vías de ferrocarril, redes de fibra óptica, de electricidad e

hidrocarburos), propósito principal del Plan Puebla Panamá (PPP), diseñado

durante la administración de Ernesto Zedillo y profundizado con Vicente Fox.



2000-2001. Tras la elección de Fox en julio de 2000, Washington arreció en

sus propósitos de transformar el espacio territorial mexicano, de adecuarlo

con las nuevas mercancías, a los nuevos negocios y tecnologías. De

cuadricularlo, ordenarlo y hacerlo funcional y "productivo".



Durante su campaña electoral, en un debate televisado con Al Gore en

octubre de 2000, el entonces gobernador de Texas, George W. Bush, recuperó

la idea de Reagan y su padre (George Walker Bush, ex director de la CIA y

vicepresidente de los dos mandatos de Reagan, a quien sucedió en 1988) de

formar un "mercomún energético de América del Norte". Dijo: "Le hablé (a

Fox) de cómo sería mejor apresurar la exploración de gas natural en México

y transportarlo a Estados Unidos para que seamos menos dependientes de

fuentes externas de petróleo crudo". En febrero de 2001, el experto George

Baker, directivo de Mexico Energy Intelligence, planteó que Bush podía

ofrecer fondos para convertir a Pemex en la mejor empresa petrolera del

mundo. "Por supuesto, tendría que ser una propuesta del presidente Fox, que

no corresponde plantear al presidente Bush", dijo Baker. En marzo, Bush no

tuvo empacho en afirmar que el gas encontrado en México era "hemisférico" y

debía beneficiar a Estados Unidos. Afirmó entonces: "Una buena política

energética es aquella que entiende que tenemos energía en nuestro

hemisferio y cómo explotarlo mejor y transportarlo a los mercados".



Poco antes, con Fox de anfitrión, el secretario de Energía de EU, Spencer

Abraham, había logrado introducir en la Declaración de México -suscrita por

los ministros de Energía del hemisferio- una frase que abogaba por

la "integración energética" del continente. Allí quedó formado un grupo de

trabajo trilateral (integrado por Abraham y los ministros del ramo de

Canadá y México). "Encontramos que hay dependencia mutua, sin socios

minoritarios ni socios mayoritarios", dijo entonces Abraham desafiando la

ley que rige la fábula del tiburón y las sardinas.



La idea de crear "redes" o "corredores energéticos" a través de ductos

transfronterizos para el intercambio de hidrocarburos, así como la

integración eléctrica entre Estados Unidos, Canadá y México, fue retomada

en la Cumbre de Quebec (abril de 2001), donde participaron 34 jefes de

Estado y de gobierno de América. Uno de los compromisos de la cumbre

fue "norteamericanizar los mercados de energía" -ante la deficiencia de

Estados Unidos en la materia esgrimida por Bush-, para lo cual se

requería "cambiar el marco legislativo y regulatorio" de los países

involucrados.



En mayo de 2001, el presidente Bush -principal operativo del cártel

petrolero-gasero texano conformado por las trasnacionales Exxon-Mobil,

Halliburton, Enron y El Paso Corporation- dio a conocer su plan energético

nacional (conocido como Plan Cheney), donde el combustible extranjero pasó

a ser el eje del proyecto. En ese esquema, México fue definido como

una "fuente primordial" para garantizar la "seguridad energética" de

Estados Unidos.



Varios meses antes de los atentados contra las Torres Gemelas, el Grupo

para el Desarrollo de una Política Energética Nacional, que elaboró el Plan

Cheney, había mostrado un mapa de la República Mexicana que identificaba

las cuencas de Burgos, Sabinas y Pedregosas, en el norte de México, frente

a Texas (dominios del clan Bush), como las principales reservas de gas no

explotado. En esa región, sugería el documento, podría darse una

interrelación energética "natural". El grupo recomendó a Bush que

instruyera a sus secretarios de Estado y de Energía para que, en consulta

con la Comisión Reguladora de Energía, se revisaran los "permisos

presidenciales" para la construcción de infraestructura que permita el

cruce de petróleo, gas natural y electricidad, y se propongan las reformas

a las regulaciones que sean necesarias para hacerlas compatibles con el

comercio intrafronterizo.



Cuando en septiembre de 2001 Fox visitó a Bush en Washington, ambos

recibieron la propuesta del Consejo Binacional México-Estados Unidos de

llevar a cabo, cuanto antes, la integración energética de Norteamérica. El

principal destinatario de la solicitud fue Fox: a él le recomendaron

aumentar la inversión privada en Pemex; abrir el sector de refinación de

crudo al capital extranjero; dividir en varias compañías la red de

oleoductos mexicanos y acceder a una pronta integración eléctrica con

Estados Unidos. Para todo ello, señalaron, hay opciones: "liberalizando los

marcos regulatorios y legales". Es decir, modificando la Constitución

mexicana.



2002. El 20 de septiembre de ese año Bush presentó su Estrategia de

Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Entre las nociones básicas del

documento, una decía: "Debe mejorar la seguridad energética (de Estados

Unidos). Fortaleceremos nuestra propia seguridad energética y la

prosperidad compartida de la economía mundial, colaborando con nuestros

aliados, socios comerciales y productores de energía". En buen romance, fue

el anuncio estratégico de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de

América del Norte (Aspan), suscrita en Waco, Texas, el 23 de marzo de 2005.



La Jornada



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