El joven Víctor Robledo, de 27 años, fue encontrado esta madrugada colgado en una esquina de la ciudad de San Francisco, ubicada en la provincia de Córdoba.
La imagen es sobrecogedora, ya que la víctima estaba amarrada a la improvisada cruz, y tenía la cara cubierta con cinta de embalar transparente, además de que había sido golpeado en todo el cuerpo y presentaba un cuadro de hipotermia.
Luego de ser llevado a un hospital para su recuperación, el joven denunció que fue atacado por policías de la provincia de Santa Fe, fronteriza con Córdoba.
El mes pasado, el efecto contagio que provocó el asesinato de un joven y presunto delincuente por parte de decenas de vecinos encendió un fuerte debate social y una disputa entre los políticos para aprovechar electoralmente la tragedia.
David Moreyra, de 18 años, murió el pasado 22 de marzo en la ciudad de Rosario, ubicada a 300 kilómetros de Buenos Aires, después de haber sido golpeado por decenas de personas que lo acusaron de haberle robado la bolsa a una señora.
Durante los días siguientes, los intentos de linchamiento a presuntos delincuentes se replicaron en el país, y en lugar de condenar el hecho, la mayoría de los medios de comunicación inició una discusión sobre si estaba “bien o mal” que la gente hiciera “justicia por mano propia”.
A sabiendas de que la inseguridad es la principal preocupación de los ciudadanos, los principales referentes de la oposición tampoco condenaron las golpizas en masa, y las adjudicaron a la “ausencia del estado”.
El colmo de esta postura la representaron el jefe de gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, y el diputado Sergio Massa, quienes justificaron los intentos de linchamiento porque “el estado ha dejado solos a los ciudadanos”.
Ninguno de los dos precandidatos presidenciales para las elecciones de 2015 asumió que ellos forman parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado al que acusan de desproteger a la gente.
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