El viernes una corte anuló una ley estatal del 2005 que permite que las policías locales realizarán funciones de verificación del estatus migratorio de presuntos indocumentados. Se trata de la más reciente de la serie de restricciones que los juzgados han impuesto al intento del gobierno de Arizona por hacer que la policía local tome medidas relativas a la inmigración ilegal.
Lo mismo que estatutos estatales similares, la ley en problemas fue invalidada debido a que un juez concluyó que entraba en conflicto con la autoridad inmigratoria del gobierno.
Esta ley de tráfico se había utilizado con frecuencia durante los operativos inmigratorios que han caracterizado al Sheriff del condado Maricopa Joe Arpaio, si bien en el transcurso de los últimos 17 meses los juzgados han restringido la autoridad inmigratoria del alguacil.
Los operativos fueron fuertemente criticados a raíz de que se acusó a más de dos mil inmigrantes que pagaron por ser internados a hurtadillas al país de conspirar a fin de introducirse a sí mismos de contrabando por la frontera. Los críticos sostuvieron que la ley fue hecha para los polleros, no para sus clientes.
“Quizá entre el electorado haya una simparía general hacia estas leyes, pero dicho electorado no basta para superar los problemas que tales leyes representan”, dijo Peter Spiro, profesor de derecho en la Universidad Temple especializado en derecho inmigratorio.
En Arizona, numerosos funcionarios han insistido por años en que las corporaciones policiacas locales y estatales confronten la inmigración ilegal, desde hace largo tiempo considerada esfera única del Gobierno federal. Pero la idea logró apoyo político cuando creció la frustración de los electores por el hecho de que la entidad fuera el mayor punto de tráfico de inmigrantes y por lo que los críticos dijeron era la inadecuada protección fronteriza que Washington proporcionaba.
Un número reducido de las leyes inmigratorias estatales han sido ratificadas, incluyendo una sección clave de la histórica ley de vigilancia inmigratoria del 2012 que establece que la policía revise bajo ciertas circunstancias el estado inmigratorio de la gente. Pero los tribunales han desmantelado poco a poco otras leyes y políticas de Arizona.
El viernes la juez federal de Distrito Susan Bolton anuló la ley en torno al tráfico de seres humanos como parte de la impugnación hecha por la administración Obama a la ley inmigratoria estatal del 2010, la cual realizó un cambio menor al estatuto del 2005. La disputa respecto a la ley sobre tráfico es todo lo que queda de la impugnación del Ejecutivo a la ley del 2010.
La gubernatura de Jan Brewer, principal parte acusada por la ley del 2010, no contestó de inmediato ayer las solicitudes de los reporteros para responder al respecto.
Jonathan Paton, ex legislador republicano de Tucson que fue uno de los principales impulsores de la ley sobre tráfico de migrantes, dijo que los intentos del Gobierno de Obama por revocar el estatuto referente al tráfico constituyen evidencia de que a Washington no le interesan los problemas de Arizona. “Esto básicamente demuestra que la administración no tiene intención alguna de hacer cumplir sus propias leyes ni de permitir que el estado haga cumplir las suyas”, dijo Paton.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual impulsó la impugnación a nombre de la administración Obama, emitió un comunicado manifestándose complacido por la decisión del viernes.
“Esperaré para ver cuál será el resultado de este caso”, dijo Arpaio en un comunicado acerca del fallo emitido el viernes.
Durante los últimos 18 meses, en Arizona ha crecido la lista de leyes y políticas inmigratorias que los tribunales han rechazado.
Un juez federal determinó que la corporación que dirige Arpaio, la cual hizo de la vigilancia inmigratoria una de sus principales prioridades, tenía sistemáticamente en la mira a los hispanos durante sus patrullajes inmigratorios y regulares —hallazgo que el sheriff pone enérgicamente en duda.
Este verano, un tribunal federal de apelaciones determinó que el estado no puede negar licencias de manejo a inmigrantes jóvenes con permiso para permanecer en Estados Unidos de acuerdo a una política implementada por el gobierno de Obama.
Hace tres semanas, un tribunal de apelaciones invalidó la ley aprobada en el 2006 por los electores que niega la fianza a los inmigrantes que se encuentren ilegalmente en el país y hayan sido acusados de diversos delitos mayores como hurto de mercancía de tiendas, robo agravado de identidad, agresión sexual y homicidio.
Los funcionarios del Condado de Maricopa —al que pertenece el polémico Sheriff Arpaio— están apelando el fallo, mientras que la Suprema Corte de Estados Unidos ha suspendido temporalmente la medida hasta decidir si pospone su implementación por un plazo más largo.
AP
