“Las líneas de investigación de la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales han sido limitadas e incompletas, además de estar acompañadas de funcionarios que se rehusan a cuestionar la colusión entre el Estado y el crimen organizado que subyace a estas graves violaciones de derechos humanos”, dice AI.
“Cualquier investigación iniciada ahora por el Procurador General llegará demasiado tarde. Si se hubieran realizado investigaciones exhaustivas sobre las denuncias contra el alcalde de Iguala y la policía federal y local cuando se produjeron otras violaciones graves de los derechos humanos, tal vez estos terribles asesinatos y desapariciones forzadas no hubieran tenido lugar”, dijo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, citada en un comunicado emitido por la organización.
El alcalde de Iguala, agregó la organización internacional, “ha sido también sospechoso de corrupción y otros delitos graves. En junio de 2013, el sobreviviente de un ataque a ocho activistas locales, en el que tres personas murieron, informó que el alcalde había participado directamente en los asesinatos. El sobreviviente proporcionó una relación detallada que se le entregó a un notario público, debido a los temores sobre la connivencia de la policía. Sin embargo, el fiscal del estado no llevó a cabo ninguna investigación sobre las reclamaciones. A pesar de la evidencia que involucra al alcalde, la investigación fue presuntamente cerrada en mayo de 2014”.
El texto de la organización fue presentado horas después de que Karam ofreció una conferencia de prensa en la que, básicamente, informó que tres nuevos detenidos por los hechos aseguran que los estudiantes fueron asesinados, calcinados y los restos arrojados sobre un basurero en Cocula y en el río San Juan.
El funcionario, sin embargo, fue enfático en señalar que se considerará que los restos efectivamente pertenecen a los estudiantes sólo una vez que se realicen los estudios de identificación.
Para AI, la información se da después de semanas de especulaciones y se genera con líneas de investigación incompletas.
En la conferencia, y ante pregunta de los medios, Murillo Karam también desestimó la consideración de que la desaparición de los estudiantes sea un crimen de Estado, diciendo que “se requiere mucho más para eso”, posicionamiento que también fue cuestionado por la organización derechohumanista.
“En el recuento más reciente de las desapariciones de los estudiantes, el procurador general Murillo Karam ha fallado en reconocer que se trata de un crimen de Estado y no de un hecho aislado. También, olvidó mencionar la negligencia y complicidad del Estado en la investigación de una serie de denuncias contra el alcalde de Iguala y el hecho de no llevar a la justicia a los integrantes de la policía federal y local involucrados en el asesinato y la tortura de otros estudiantes de Ayotzinapa en 2011”, dice el comunicado.
“Trágicamente, la desaparición forzada de los estudiantes es sólo el último de una larga serie de horrores que han sucedido en el estado de Guerrero y el resto del país. La corrupción y la violencia como señales de advertencia han estado allí para que todos las vean desde hace años y los que negligentemente las han ignorado son ellos mismos cómplices de esta tragedia”, agrega.
Finalmente, AI cuestiona la determinación de Peña Nieto por mantener su determinación de iniciar la próxima semana una gira por Asia. ”Las familias de los estudiantes también han anunciado que no confían en las autoridades y la información presentada por el procurador general hasta que no esté respaldada por evidencia científica de los expertos forenses argentinos y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado.
Así mismo, recordaron al usurpador Peña Nieto su compromiso con los padres y con la sociedad”, dice.
Agencias
