En entrevista con Apro, precisó que elementos del ejército de México destacamentados en el punto de revisión carretero El Sahuaro, ubicado en el kilómetro 106 del tramo Caborca-Puerto Peñasco, se llevaron ese día a ocho campesinos.
En ese destacamento, añadió, los militares sólo se dedican a realizar funciones de seguridad privada para la minera, ya que esa empresa les proporciona alimentos, gasolina y otros “beneficios” por cuidar sus instalaciones.
De acuerdo con el abogado, los jornaleros detenidos son residentes del poblado El Sahuaro de Caborca, Sonora. Cuatro de ellos viven en esa comunidad y cuatro más en el Ejido El Bajío, que desde hace meses mantiene un litigio con Minera Penmont S de RL de CV, socia de la empresa mexicana Minera La Herradura de Grupo Peñoles, que preside Alberto Bailleres González.
Los campesinos fueron detenidos cuando regresaban de sus labores diarias. Después de 24 horas de la ilegal detención, fueron liberados los cuatro que residen en El Sahuaro, mientras que los habitantes del Ejido El bajío, Raúl Ibarra, Jesús Soto y los hermanos Erasmo y Pedro Francisco Santiago –que no leen español y son de origen mixteco– quedaron detenidos.
Posteriormente Raúl Ibarra y Jesús Soto fueron presentados en la agencia Segunda Investigadora del Fuero Común de Caborca, acusados de robo.
“Ya no fueron los militares quienes los presentaron, sino elementos de la policía municipal de Caborca”, mencionó el abogado.
La detención se justificó con una querella presuntamente presentada por su propio ejido, El Bajío, pero inmediatamente se probó que era falsa. Además, los acusadores no presentaron evidencia alguna del supuesto robo.
Raúl Ibarra y Jesús Soto fueron liberados tras aclarar la situación ante el representante social. Sin embargo, los hermanos Santiago fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal de Caborca, Sonora, por los mismos militares que los retuvieron ilegalmente por más de 24 horas, enfatizó el abogado.
“Los militares los acusaron por la portación de una escopeta recortada que les fue sembrada por los elementos del ejército”, agregó.
Según Jesús Thomas, tanto Erasmo como Pedro Santiago son mixtecos. El segundo, que no domina el castellano, continúa recluido hasta ahora en el penal El Rincón de máxima seguridad de Nayarit.
“Está acusado por la portación de esta arma y en total estado de indefensión pues no sabe leer ni escribir y no cuenta con un traductor que lo asista”, precisó el abogado del Ejido El Bajío.
Hasta este martes, detalló, lleva nueve días detenido y aún no se le toma su declaración.
Su caso se presentó en el Juzgado Cuarto de Distrito en la ciudad de Nogales, y un juez lo mandó al penal de máxima seguridad, que lo aleja de su entorno para dificultar su defensa.
“Le comento que durante las horas que duró esta privación ilegal de libertad los militares intentaron obtener 100 mil pesos por la liberación de cada ejidatario, pues ellos aseguraban que la mina les pagaría esa cantidad por cada campesino encarcelado”, contó Thomas González.
“Esto fue repetido varias veces, hasta que no hubo forma de que estos jornaleros pudieran obtener esas cantidades, siendo un militar de nombre Ruperto Rodríguez Dávalos quien más insistía en esta transacción”, concluyó el abogado.
Los ejidatarios de El Bajó mantienen un litigio contra Minera Penmont S de RL de CV, debido a que se apropió ilegalmente de más de 3 mil hectáreas de su propiedad y de donde extrajo oro durante más de 17 años.
En julio de 2013 los campesinos ganaron una demanda a Pernmont en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 28, que fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A partir de entonces el TUA ordenó el desalojo de las más de 3 mil hectáreas de tierras que la minera se había apropiado ilegalmente, y prohibió retirar minerales en cualquier estado de los terrenos de los ejidatarios.
Tras el fallo, la empresa, que se dice “socialmente responsable” y que supuestamente trabaja “en estricto respeto a la ley”, se comprometió a “dar cabal y entero cumplimiento a la resolución definitiva que fue pronunciada en el juicio agrario número 188”.
Pero no cumplió con sus promesas y continuó con la incursión ilegal, por lo que abogados de los ejidatarios presentaron una denuncia ante el Ministerio Publico que quedó registrada en el expediente 0987/2014, misma que contiene material fotográfico y diversas grabaciones.
Los ejidatarios también presentaron una demanda para que Permmont restituya las tierras y pague alrededor de 100 millones de dólares por el ilegal saqueo que hizo durante 17 años, litigio que también se llevará a Estados Unidos y Londres.
Con información de Proceso
