Este martes, cuando se aprobaba la comisión especial para indagar los hechos ocurridos en Guerrero, el perredista y diputado federal por dicha entidad, Silvano Blanco Deaquino, tomó la palabra y en tribuna aseguró:
“Se tiene que reconocer que en México hay un narco-estado. Se tiene que reconocer que hay narco-política. Se tiene que reconocer que desde la Presidencia de la República, en los gobiernos locales y en los gobiernos municipales, efectivamente la delincuencia organizada aporta recursos económicos para estas campañas. Eso se tiene que reconocer por parte del país”.
Antes de Blanco, nueve oradores hablaron a favor de crear la comisión especial, algunos calificaron los hechos de Ayotzinapa como un “crimen de lesa humanidad”, otros cuestionaron la ausencia de apoyo del gobierno federal hacia Guerrero y unos más aseguraron que lo ocurrido en dicha entidad es algo que sucede en todo el país, en especial Tamaulipas, Puebla, Michoacán y otros.
Blanco Deaquino fue el último en hablar. Fue quien generó un silencio en el salón de sesiones y a quien ningún otro diputado federal se atrevió a rebatir. Todos callaron.
Primero celebró la creación de la comisión para coadyuvar en las indagaciones de la desaparición y posible asesinato de los jóvenes estudiantes. Pero se debe tener claro, dijo, que los asesinatos, extorsiones y secuestros no han disminuido.
Luego habló del narco-estado y advirtió:
“Si no se instrumenta una política de Estado para que, efectivamente, México empiece a estar en una situación totalmente distinta, vamos a seguir cayendo en el cinismo, como se está cayendo en este momento. Hay que reconocerlo”.
El guerrerense recordó que la Federación no desconocía lo que pasa en Guerrero “y se viene y se dice que se lamenta”. Y puso el dedo en la llaga:
“La Federación no desconocía lo que pasa en Guerrero, así como no desconoce lo que pasa en todos los estados de la República. Prácticamente no hay un solo estado de la República en el cual la delincuencia organizada imponga a presidentes municipales, imponga a diputados locales, imponga a diputados federales, imponga a gobernadores y, me atrevo a decir, que también le inyecta recursos económicos para las candidaturas a la Presidencia de la República”.
Debemos ser “honestos y realistas”, dijo aunque aclaró que “algunos se salvan de la situación. No podemos decir que todos los que tienen algún cargo de representación están involucrados. Tampoco es cierto, sí hay gente con honestidad, con ética en todos los partidos políticos, pero también hay gente que se presta a situaciones irregulares en todos los partidos políticos”.
Luego de su posición, la Comisión Especial se aprobó y quedó al frente el panista Guillermo Anaya quien, por cierto, –como se hizo público en su momento– tiene parentesco político con un miembro de la delincuencia organizada. Recientemente un diputado priista de su estado no sólo recordó esto, sino que además lo acusó de haber sido cómplice de su hoy expariente político.
El coordinador del PVEM, Arturo Escobar, pretendió llevar raja política sobre el tema. Dijo que así como el PRD no podía presidir dicha Comisión por ser parte del gobierno guerrerense –además de haber propuesto al presidente municipal de Iguala, hoy prófugo y señalado como parte de la delincuencia organizada–, tampoco el PAN lo debía hacer, ya que en la elección a gobernador declinó participar apoyando indirectamente a quien hoy gobierna, el PRD.
Ningún partido político lo secundó y sí, en cambio, recibió reclamo por pretender politizar el tema.
En la Comisión Especial participarán, Manuel Añorve (PRI), Ruth Zavaleta (PVEM), Lisbeth Rosas Montero (PRD), Ricardo Mejía (MC), Lilia Aguilar (PT) y Sonia Rincón Chanona (Panal). La comisión se reunirá este miércoles a las 10 de la mañana.
Con información de Proceso
