En diversos recorridos que Apro realizó en municipios del Estado de México, anteriormente gobernada por Enrique Peña Nieto –ahora supuesto titular del ejecutivo federal–, se pudo constatar que el temor de las familias a represalias (por parte de autoridades o grupos criminales) ha acallado las denuncias de desapariciones y asesinatos de mujeres en la entidad.
Madres de víctimas de feminicidio y desaparición, que pidieron el anonimato por razones de seguridad, aseguraron tener temor de acudir a los Centros de Justicia, ministerios públicos (MP) o procuradurías locales debido a los malos tratos del personal judicial, y a que se han registrado agresiones a quienes exigen respuestas.
Algunas más dijeron que consideran “una pérdida de tiempo y de recursos económicos” acudir a las instancias de justicia, pues cuando lo hacen la respuesta común es que “no existe ningún avance en su caso”.
Las mujeres coincidieron en que debido a que muchas personas deciden no denunciar, las autoridades aseguran en los medios de comunicación que el feminicidio “no es tan grave”, pero la realidad es que hay un temor constante de las familias para alzar la voz.
Tal es el caso de las familias de tres jóvenes desaparecidas en el municipio de Tecámac, quienes en un primer momento denunciaron, pero ante amenazas recibidas desistieron y aunque organizaciones civiles mexiquenses exigen la ubicación con vida de las jóvenes, las familias decidieron no ejercer más presión.
“Un día fui a pedir informes sobre el avance en la investigación del caso de mi hija (a quien asesinaron a unas cuadras de mi casa); (pero) por la noche se metieron a mi casa y me golpearon; quiero justicia pero reclamarla es arriesgar mi vida”, contó una de las madres a Apro.
Otra de ellas aseguró que acudir a los MP o a la procuraduría mexiquense “es revivir de la manera más cruda “el dolor de la ausencia de su hija”, pues ha sido cuestionada por las autoridades sobre la forma en que “educó a su hija”, o la posibilidad de que ella haya sido responsable de su desaparición.
“Yo me tuve que conformar con que pusieran la foto y el nombre de mi hija (de 14 años de edad) en la lista de personas extraviadas y ausentes; me ayudaron con unas copias y yo saqué otras más, que pegué en todas las estaciones del Metro por las que ella pasaba”, relató otra de ellas.
Organizaciones mexiquenses aseguran que debido a la complejidad de la entidad actualmente gobernada por Eruviel Ávila, ha sido muy complicado crear redes de apoyo entre las familias de las víctimas, por lo que mucha de la información que obtienen es con base en los diarios y con personas que de repente les cuentan los casos y les presentan a las familias.
“Pedir justicia es como caminar a ciegas en un terreno desconocido; nadie te explica a dónde tienes qué acudir o cuáles son tus derechos como víctima. Al contrario, siempre te recuerdan que el agresor tiene derechos”, contó el padre de una joven asesinada en el municipio de Atizapán de Zaragoza.
En días recientes se reportó que al drenar el canal de aguas negras conocido como Río de los Remedios (ubicado en una avenida sumamente solitaria y poco iluminada en los límites entre los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec) fueron localizados los restos de personas desaparecidas.
De acuerdo con la información difundida por el diputado local por el PRD, Octavio Martínez, el total de cuerpos encontrados es de 21, mientras que la organización Solidaridad por las Familias asegura que los cuerpos ubicados en el Río de los Remedios no son los únicos, y que en total se han localizado los restos de 46 personas.
Según ambas fuentes, la mayoría de los cadáveres corresponden a mujeres.
En un comunicado, el gobierno mexiquense –que se ha negado a recibir al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organización que pugna por la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado– se limitó a confirmar que se habían localizado restos, pero que aún se desconocía si “eran humanos”.
Desde diciembre de 2010, el OCNF y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) señalaron la “extrema violencia” que enfrentaban las mexiquenses, y solicitaron la activación de la AVG al SNPASEVM ante los 922 asesinatos de mujeres ocurridos entre 2005 y 2010, durante la gestión de Peña Nieto.
Tras la negativa del Sistema por investigar la violencia feminicida y eventualmente declarar la AVG, ambas organizaciones interpusieron un amparo que, luego de varios intentos del gobierno federal por dar “carpetazo” al asunto, en abril pasado el Juez Noveno de Distrito mandató realizar la investigación.
Pese a que han transcurrido seis meses y las activistas han sido constantes en su demanda de una investigación urgente, hasta ahora se desconocen los resultados de la indagatoria que realizan representantes de instancias gubernamentales.
En septiembre pasado Yuridia Rodríguez, asesora jurídica del OCNF, informó que las autoridades encargadas del informe se estaban limitando a pedir información al gobierno del estado y a enviar cuestionarios a las víctimas y las organizaciones civiles.
Por tanto advirtió que el informe no implicaría ninguna sanción a las y los funcionarios que hayan incurrido en anomalías.
Debido a que el informe se realiza con base en el pasado Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no existe un plazo para que se presenten las conclusiones.
Con información de Proceso
