La votación de la versión final de la sentencia quedó para el jueves, una vez que la Ministra Margarita Luna Ramos presente el documento con los 'candados' sobre seguridad sugeridas por sus colegas, para evitar abusos de autoridad por parte del Ministerio Público federal y del fuero común.
Rastrear teléfonos celulares relacionados con delitos graves y sin una orden judicial previa, será constitucional. Así lo avalaron ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes se pronunciaron por la constitucionalidad del artículo 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales, vigente desde 2012, que faculta a la Procuraduría General de la República (PGR) para ordenar a las concesionarias de telecomunicaciones la geolocalización de los dispositivos en delitos como secuestro, extorsión y amenazas.
Luego de tres sesiones de discusión, la mayoría logró consenso para una sentencia en la que se aclara que el Ministerio Público siempre tendrá que detallar por escrito los motivos para solicitar la localización, que será en casos urgentes, y que deberá conservarse el documento para revisión en el eventual juicio contra los responsables.
La votación de la versión final de la sentencia quedó para el jueves, una vez que la Ministra Margarita Luna Ramos presente el documento con las modificaciones sobre seguridad sugeridas por sus colegas.
En las modificaciones se analiza establecer límites al Ministerio Público federal y del fuero común para evitar abusos de autoridad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó esta reforma con el argumento de que viola el derecho humano a la privacidad, pero sólo los ministros José Ramón Cossío, Sergio Valls y Olga Sánchez Cordero estuvieron de acuerdo.
Asimismo, cuatro de los ocho integrantes de la mayoría manifestaron preocupaciones sobre la afectación al derecho a la privacidad y pidieron realizar una interpretación conforme la ley para salvar su constitucionalidad, de ahí que la Ministra Margarita Luna aceptó incluir ciertos requisitos al MP.
“No estamos en un problema de inconstitucionalidad, simplemente es el uso de un adelanto tecnológico que puede servir al Ministerio Público como herramienta en la persecución de los delitos para tener un mejor servicio, precisamente para darle a la sociedad una respuesta, que es lo que estamos esperando, lo que pedimos”, dijo Luna.
Agregó que la geolocalización no es distinta de otros medios de investigación, como la preservación de pruebas, la recolección de testimonios o el uso de cámaras de seguridad en calles o comercios.
Con información de Reforma
